La crisis del coronavirus está pasando una elevada factura al Gobierno de Pedro Sánchez. Los errores cometidos en su gestión pesan cada día más en un país en el que la ciudadanía comienza a inquietarse ante la incertidumbre de un horizonte que, aunque todos sabemos que no puede ser blanco o negro, la amalgama de grises es demasiado amplía, y varía en función de los pasos de un Ejecutivo que transmiten cada vez menos seguridad debido a la falta de transparencia en la comunicación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado en innumerables ocasiones la necesidad de que los gobiernos comuniquen de forma clara y constante todas y cada una de las decisiones que se toman para combatir la pandemia.
Unas decisiones que, amparadas en salvaguardar nuestra salud y la de frenar la transmisión, ponen en jaque nuestros derechos más fundamentales. Motivo por el que la OMS recalca desde hace semanas que la transparencia en la comunicación de los gobiernos es uno de los ejes centrales sobre los que debe orquestarse cualquier medida de salud pública en los tiempos que corren.
Una fotografía que en España comienza a perder nitidez con el paso de las semanas. Dos han sido los momentos que han puesto la gestión del Ejecutivo central y del Ministerio de Sanidad en el ojo del huracán: la compra de un lote compuesto por miles de test de diagnóstico fallidos y la adquisición de mascarillas defectuosas que se han traducido en decenas de sanitarios contagiados.
LA POLÉMICA DE LOS TEST FALLIDOS
Dos asuntos sobre los que existe un halo de falta de transparencia desde que se conocieron. El problema de los test ha sido arrastrado por el Ejecutivo durante varios días como resultado de unas explicaciones ofrecidas con cuentagotas y sin concreción. Sin nombres a los que poder responsabilizar como parte de una estrategia en la que ha imperado el echar balones hacia fuera.
El pasado 26 de marzo conocíamos la noticia de la compra de un lote de más de 640.000 test fallidos por parte del Gobierno de España en China. “Las especificaciones de este test, al menos del lote analizado, no corresponde con lo especificado. La empresa va a cambiarlos y van a utilizarse otros test rápidos y el Ministerio de Sanidad va a conseguir otros”, explicaba ese día el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
“Las especificaciones de este test, al menos del lote analizado, no corresponde con lo especificado. La empresa va a cambiarlos y van a utilizarse otros test rápidos y el Ministerio de Sanidad va a conseguir otros”
Horas después se iniciaba un cruce de acusaciones entre el Ministerio de Sanidad y las autoridades chinas. La embajada del país asiático en nuestro país explicaba el 27 de marzo que España había adquirido los test a una empresa que carecía de licencia oficial otorgada por la Administración Nacional de Productos Médicos de China.
Las autoridades chinas indicaban además que el Ejecutivo de Sánchez había hecho caso omiso a las recomendaciones efectuadas al Ministerio de Sanidad por parte de China.
En estas se establecía un listado de proveedores clasificados entre los que no se encontraba Shenzhen Bioeasy Biotechnology, empresa a la que el Gobierno español ha comprado los test rápidos.
Horas más tarde, el mismo 27 de marzo, Moncloa informaba que los test fallidos habían sido comprados a un proveedor nacional que cuenta con el certificado europeo.
"Es necesario aclarar que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, inició hace varias semanas los contactos con varias empresas para la adquisición de test diagnósticos, de los cuales existen varios sistemas en el mercado. El Gobierno adquirió una partida a un proveedor nacional, que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE", detallaba Moncloa en un comunicado.
"El Gobierno adquirió una partida a un proveedor nacional, que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE"
"Además, por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino. También se comprobó que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre este producto".
"Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test".
Pedro Sánchez había insistido en comparecencias anteriores que estos test eran “fiables y homologados”, recalcando que la homologación era “muy importante” debido a que debían “contar con todas las garantías sanitarias”.
"Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada"
Los hechos concluyeron que algún responsable sanitario había fallado en el proceso de compra. En España, la persona encargada de ello es Patricia Lacruz, como directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Por encima de Lacruz se ubica Faustino Blanco, como secretario general de Sanidad.
SIN NOTICIAS DEL PROVEEDOR
Según la documentación a la que tuvo acceso ConSalud.es, proporcionada por el propio Ministerio, la empresa fabricante de los test en China (Shenzhen Bioeasy Biotechnology) asegura que “la mayor parte de nuestros test rápidos cuentan con aprobación CE y otros con aprobación de la FDA”. Asimismo, indican que debido a que su actividad está enfocada a mercados internacionales, “no necesitamos tener la licencia para vender en China”.
La respuesta de Patricia Lacruz llegaba el 28 de marzo: "Todos los pedidos se realizan a empresas, en este caso fabricantes, distribuidores, intermediarios, empresas que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para adquirir cualquier producto para hacer frente a la infección de la Covid-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de otros países". Una respuesta que dejaba en el aire todas las dudas existentes sobre la compra.
"Este es el fin para adquirir cualquier producto para hacer frente a la infección de la Covid-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de otros países". Una respuesta que dejaba en el aire todas las dudas existentes sobre la compra
Más de 20 días después hemos conocido cuál fue la empresa intermediaria: Inter Pharma. Una información que no ha sido ofrecida por el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno, sino que ha sido desvelada por el diario El Mundo.
Más de 17 millones de euros fue el precio que el Gobierno pagó por más los test fallidos cuya sensibilidad para detectar la presencia del nuevo coronavirus era de alrededor del 30% cuando los estándares señalan que este porcentaje debe encontrarse por encima del 80%.
En la documentación a la que ha tenido acceso la citada cabecera aparece reflejada la exigencia de devolución por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de un total de 6.988.035 euros que ya habrían sido abonados. Esta es la cuantía por la que se adquirieron los 659.000 test lo que representa el 35% del total comprometido.
El Gobierno e Inter Pharma firmaron dicho documento el pasado 18 de marzo, es decir, 10 antes de la no respuesta de Patricia Lacruz a la polémica en los que, además, el ministro de Sanidad, reiteró en varias ocasiones que el proveedor era “de máxima confianza”.
Sanidad rechazó todo el material entregado acusando de los defectos o fallos a Inter Pharma y recalca que, no será bastante la reparación o reposición por lo que se reclama que sea la empresa intermediaria la que abone la citada cantidad de más de seis millones de euros.
El Gobierno e Inter Pharma firmaron dicho documento el pasado 18 de marzo, es decir, 10 antes de la no respuesta de Patricia Lacruz a la polémica en los que, además, el ministro de Sanidad, reiteró en varias ocasiones que el proveedor era “de máxima confianza”
Inter Pharma emitió un comunicado a través del que explicaba que su único objetivo era poder ofrecer alternativas al Gobierno siendo responsabilidad de este la validación de las pruebas por parte de las autoridades sanitarias españolas. Añade que la empresa a través de la que obtuvo los test, Shenzhen Biotechnology, cuenta con el marcado CE y el certificado TÜV.
LAS MASCARILLAS DEFECTUOSAS
Pero no ha sido la única polémica en la gestión de la crisis. El pasado 17 de abril Sanidad ordenaba a las comunidades autónomas la retirada inmediata de unos lotes de mascarillas distribuidas en las últimas semanas.
Un error que ha puesto en riesgo a cientos de profesionales sanitarios que las han estado utilizando durante varios días y por el que ya se conocen los primeros contagiados. Bajas en un sistema sanitario sometido a una tensión extrema donde cada trabajador desempeña un papel fundamental.
A pesar de esto el Ministerio de Sanidad indicó que el fabricante “forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y todos los productos suministrados cuentan con el preceptivo marcado CE”.
Sanidad indicó que el fabricante “forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y todos los productos suministrados cuentan con el preceptivo marcado CE”
El desarrollo de estos hechos ha dejado en entredicho la transparencia de la labor comunicativa en la crisis del coronavirus. Una transparencia que se ha vuelto a ver empañada tras la tardanza de más de 48 horas por parte del Ministerio de Sanidad en informar a la opinión pública sobre la crisis de los perfiles falsos en Facebook.
Y esta opacidad comunicativa ya ha comenzado a tener consecuencias como demuestran las últimas encuestas realizadas por ConSalud.es.
LA CIUDADANÍA SUSPENDE A SÁNCHEZ
De acuerdo a los datos obtenidos a través de estas, el 69% de los españoles suspende al Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. El 61,88% de los españoles aprueba la gestión de las comunidades autónomas de la crisis del coronavirus,
En este sentido, el 15,94%le da un aprobado a la gestión de las Comunidades Autónomas, el 18,68% la considera buena, el 17,36%muy buena y el 9,91% la califica de excelente. Unos datos que contrastan notablemente con la valoración del Ejecutivo central.
Según la encuesta elaborada por ConSalud.es, el 68,87% de los participantes valora la comunicación de las autoridades como pésima (47,08%), muy mala (11,98%) o mala (9,81%). El 8,40% aprueba la política de comunicación y el 22,74% la considera buena (7,55%), muy buena (7,74%) o excelente (7,45%).
“No hay ningún Gobierno que no pueda decir que ha cometido algún error. Pero nosotros actuamos antes (…) Hemos cometido errores, pero también algunos aciertos. Estamos haciendo cosas de manera acertada”, es la reflexión que el presidente del Gobierno ha realizado en el pleno de solicitud al Congreso de la nueva prórroga del Estado de Alarma tras escuchar todas las quejas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a su gestión.