La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes 11 de mayo la situación de desprotección en la que se encuentran los funcionarios de prisiones tras la suspensión de la segunda dosis de AstraZeneca. De acuerdo a los datos hechos públicos por CSIF de los que se hacen eco en Servimedia esta situación afecta a los 23.000 empleados de prisiones de los que alrededor de 7.000 no han recibido todavía ni siquiera una primera dosis.
Una denuncia que se produce coincidiendo con el inicio por parte de Instituciones Penitenciarias de la vacunación de los presos de las cárceles españoles. CSIF considera que el Ministerio del Interior ha incumplido el protocolo de vacunación al dejar de inmunizar a estos profesionales.
Una situación cuyo origen radica en la decisión adoptada por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud (CISNS) de retrasar la administración de la segunda dosis de AstraZeneca hasta que se complete un estudio sobre si es seguro completar la pauta de inmunización con este suero o, por el contrario, es conveniente hacerlo con otra vacuna.
Critican que “posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están”
“Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con AstraZeneca miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar siquiera con la primera dosis”, asevera CSIF. Además, critican que “posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están”.
Recuerdan que “el colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo '3B', junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia”.
Desde CSIF han expresado que ya han trasladado la queja a los responsables y se encuentran estudiando la posibilidad de iniciar acciones jurídicas como respuesta “al malestar de una plantilla de profesionales que se siente desamparada por sus superiores”.
CSIF concluye recordando que, con la finalización del Estado de Alarma lo más previsible es que se proceda a la vuelta a la normalidad en materia de comunicaciones de los presos con el exterior en la práctica totalidad de las cárceles españoles, lo que incrementará indudablemente el riesgo de contagio tanto para los trabajadores como para las familias.