La pandemia del coronavirus ha provocado la mayor crisis sanitaria en los últimos cien años en nuestro país. Hasta la fecha, y según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, han fallecido más de 27.000 personas con COVID-19 (aunque otras fuentes afirman que el número de fallecidos supera los 40.000) y se han registrado más de 241.000 contagios confirmados con la prueba PCR, unas cifras que no se había registrado desde la pandemia de la “gripe española” de 1918.
El colectivo mas afectado ha sido en personas mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Los datos disponibles de un estudio realizado en China con más de 60.000 personas revelan que la mortalidad en la franja de edad entre 60-69 años es de 3,6%, la mortalidad entre 70-79 años es del 8% y la mortalidad en los mayores de 80 años es del 14,8%. Estos datos los proporcionó el gobierno chino a la OMS a finales de 2019.
Según las cifras oficiales del Ministerio, han fallecido más de 27.000 personas con COVID-19 (aunque otras fuentes afirman que el número de fallecidos supera los 40.000) y se han registrado más de 241.000 contagios confirmados con la prueba PCR
Con esta información, el Ministerio de Sanidad elaboró un primer documento, fechado el 5 de marzo de 2020 (nueve días antes de la declaración del estado de alarma), donde se establecían las Recomendaciones a Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios para el COVID-19
En dicho documento se enumeraban los motivos por los que las personas mayores suponen el colectivo de mayor riego.
“Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos:
- Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades
- Suelen presentan edad avanzada
- Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes
- Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable”.
Y en este mismo documento, en el punto 2.2 Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19 figura textualmente:
“En el seguimiento de una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio durante el periodo de vigilancia establecido. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán salir con una mascarilla quirúrgica. Se realizará una vigilancia activa en busca de síntomas respiratorios según lo establecido.
Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno”.
La revisión de este mismo documento con fecha 24 de marzo de 2020 denominado Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial, amplia la información del documento anterior, pero sigue estableciendo la permanencia en el centro sociosanitario de los residentes contagiados por COVID-19 y todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación según el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2)”. Es decir, que será el profesional médico quien determine la gravedad en cada caso y la necesidad de traslado a un centro hospitalario si es necesario.
Estas recomendaciones las han seguido prácticamente todas las comunidades autónomas sin excepción y siempre ha sido el profesional médico el que ha establecido los criterios para derivar a un residente a un centro hospitalario en función de su cuadro clínico.
En este sentido, la polémica suscitada por la filtración a un medio de comunicación de uno de los borradores elaborado por la Comunidad de Madrid donde establecía los criterios de derivación a centros hospitalarios de pacientes de residencias de ancianos figura claramente que el “Geriatra de Enlace” es el profesional encargado de evaluar y valorar los criterios médicos para determinar si un paciente de residencia de ancianos de Madrid infectado por COVID-19 debe ser trasladado o no al centro hospitalario. En este sentido y según datos de la Consejería de Sanidad de Madrid, en el periodo comprendido entre el 18 y el 25 de marzo se hospitalizaron 493 pacientes de residencias de ancianos según los criterios de gravedad que establecieron los Geriatras, lo que tira por tierra cualquier deficiencia en la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.
EL CASO DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID
Durante toda esta crisis, donde se ha cobrado la vida de cerca de 18.000 ancianos (según datos oficiosos), La Comunidad de Madrid ha sido la diana de la mayoría de las criticas por los fallecidos en las residencias de ancianos sin ser la Comunidad Autónoma que ha registrado el mayor número de fallecidos por COVID-19 en porcentaje sobre el total.
El colectivo de personas mayores, como ya adelantó el estudio realizado en China es el más vulnerable y el que mayor número de fallecidos ha ocasionado, no sólo en España, sino en toda Europa y en otros países donde la pandemia, desgraciadamente, se está cobrando un gran número de víctimas.
Pero hay un claro interés por parte de algunos sectores de la opinión pública en poner el foco del problema de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, aunque la realidad es muy diferente de como la dibuja este colectivo. Según publicaba El Mundo el pasado 2 de junio, Navarra, Aragón y Extremadura superan el 80% de fallecidos por COVID-19 que residían en centros sociosanitario y residencias de ancianos. La Comunidad de Madrid se sitúa en el décimo lugar con 41,77% del total de los fallecidos por COVID-19 que residían en centros sociosanitarios. Esta diferencia tan importante con otras Comunidades Autónomas (varias de ellas gobernadas por el PSOE) y el empeño por parte de varios medios de comunicación afines al gobierno central, hace sospechar que se trata de un interés político por desprestigiar desde el primer momento la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid en la crisis del coronavirus.
(Imagen del gráfico extraída del diario El Mundo)