El Ministerio de Sanidad ha sacado a licitación este miércoles un nuevo acuerdo-marco para la para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual (EPI) destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado, medida que tiene como fin establecer una reserva estratégica para hacer frente a los rebrotes que pudieran producirse por la Covid-19.
La novedad de esta propuesta es que se ha incrementado el importe económico, debido a que se sumaban a ella más comunidades autónomas, pero también que ha incorporado modificaciones en los llamados criterios de solvencia, aquellos a los que las correspondientes empresas deben acogerse para presentar las ofertas.
En la anterior propuesta se exigía a las empresas que facturaran como mínimo por el valor del precio del lote que pretendían adquirir, algo difícil de cumplir por los proveedores nacionales
Según recoge El Confidencial, en la anterior propuesta se exigía a las empresas que facturaran como mínimo por el valor del precio del lote que pretendían adquirir, lo que suponía prácticamente imposible de cumplir por parte de los proveedores nacionales. Mientras tanto, ahora han fijado una tabla con umbrales financieros de solvencia, asociados a cada lote e inferiores al precio total de cada uno de ellos.
PROBLEMAS CON LOS UMBRALES DE FACTURACIÓN
El 22 de julio, el Ministerio de Sanidad publicó a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el primer acuerdo, por un importe de 2.431.793.480 € con IVA, con una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. El objetivo era adquirir en dos años unas 3.700 millones de unidades de distintos tipos de material sanitario de protección.
A pesar de esta propuesta, cuando se dieron a conocer los pliegos se evidenció que dicho proceso de compra marginaría a muchas de las empresas nacionales que distribuyeron sus productos durante la pandemia. El problema residía en el desproporcionado tamaño establecido para los lotes. Con ellos, estas empresas no podrían cumplir con los valores fijados por problemas de solvencia técnica. De hecho, el contrato marco permitía solo la participación de las compañías cuya facturación alcance, como mínimo, el importe total del lote al que quieren presentar su candidatura.
El primer acuerdo-marco fue interrumpido por el Ministerio de Sanidad por una serie de errores en su elaboración; justificaron que se querían adherir a él más CC.AA.
“Las exigencias de Ingesa las dejan fuera y dificultan que España sea autosuficiente en la capacidad de producción de producto sanitario, para no depender de terceros países”, apuntaban distintas fuentes al diario La Razón.
PRIMER ACUERDO, CANCELADO
Pocos días después, el Ministerio de Sanidad optó por interrumpir este proceso por una serie de errores en la elaboración del acuerdo marco. De hecho, a través de un comunicado justificaban que “durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose esta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el acuerdo marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir”.
Pero a pesar de que no deja de ser cierto que se han sumado nuevas comunidades autónomas, el nuevo acuerdo también ha modificado los criterios de solvencia anteriormente mencionados. En todo caso, el Ministerio de Sanidad no ha hecho mención a este asunto concreto en la publicación del nuevo contrato. Únicamente, han añadido en el comunicado que “se han modificado los pliegos para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia”.
SEIS MESES SIN RESERVA
La pretensión del Ministerio es que la adjudicación se lleve a cabo en agosto, que las CC.AA. puedan realizar contratos basados en dicho acuerdo a final de mes y que las empresas adjudicatarias comiencen a suministrar a las autonomías en septiembre. Si se cumplen estos plazos, se cumplirían seis meses desde que se tuviera conocimiento de que se iniciaba la pandemia del coronavirus en España.
Se trata, en definitiva, de un nuevo retraso para la creación de la prometida reserva estratégica de material de protección sanitario, en un momento en el que los rebrotes no paran de extenderse por todo el país y en el que se vive bajo la amenaza de una segunda ola.