En las últimas semanas, ha vuelto al foco informativo la idea de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en algunos espacios interiores. A día de hoy, cada vez son más las autoridades y expertos sanitarios que únicamente creen que su uso debe exigirse en los centros sanitarios y sociosanitarios. La bajada de la incidencia y de la gravedad del Covid-19 nos ha llevado a esta situación, pero no siempre fue así.
Cuando el Gobierno hizo obligatorio el uso de mascarillas en mayo de 2020, tanto en espacios al aire libre como cerrados, España contabilizaba oficialmente más de 232.000 casos positivos y más de 28.000 fallecidos. Habían pasado dos meses desde que se decretó el estado de alarma. ¿Por qué se tardó tanto en obligar a los ciudadanos a llevarla? La respuesta es clara: No había suficiente para toda la población.
En mayor o menor grado, todas las CC.AA. y Gobierno tuvieron problemas con los suministros de material sanitario adquiridos en otros países
Volviendo la vista atrás, es fácil recordar la forma desesperada en que los Gobiernos de todo el mundo, incluido el de España y el del resto de Estados de la Unión Europea, tuvieron que acudir a mercados extranjeros para comprar ingentes cantidades de mascarillas, batas, guantes, respiradores y otro tipo de equipo de protección individual (EPI) para proteger tanto a los ciudadanos como a los profesionales sanitarios.
Pasado el tiempo, han sido repetidos los casos en que las autoridades sanitarias tuvieron problemas con la llegada del suministro adquirido, bien por contener material defectuoso o por acumular retrasos. Esto, motivado por hacerlo en su mayoría por procedimientos de urgencia, afectó a la gran mayoría de comunidades autónomas, al Gobierno central o gran parte de países de todo el mundo.
“NO ERA COMPETENCIA ENTRE CC.AA.”
Así lo recuerda en una entrevista para ConSalud.es el ex viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Juan González Armengol. El actual presidente de la Sociedad Madrileña de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) subraya que “todas la comunidades autónomas hicieron, en la medida de sus posibilidades en sus contratos, todo lo que pudieron”.
En la llegada de material se implicaron tanto los gestores de la sanidad pública como de la sanidad privada, de un buen número de empresas españolas e, incluso, ciudadanos
Este urgenciólogo apunta cómo las autonomías recurrieron a comprar material en el extranjero, de forma paralela a la compra centralizada del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, insiste en que “esto no era una competencia entre comunidades, era con el resto de países”. Se habla mucho de que la situación se había convertido en una especie de mercado persa, pero él cree que directamente era “un mercadochino”.
Armengol reitera que “en los primeros momentos, en algunas comunidades hicimos medicina de guerra”. En esa línea, destaca que “las cosas hay que verlas poniéndose en el momento en que están pasando, si no es mucho más sencillo todo. Ahora sabemos mucho más y podemos adelantarnos a muchas cosas. Pero en ese momento, esa organización salvó muchas vidas”.
Del mismo modo, destaca cómo en esta llegada de material se implicaron tanto los gestores de la sanidadpública como de la sanidadprivada, de un buen número de empresas españolas e, incluso, de ciudadanos. “Era un momento de vida o muerte. Todos estos productos se convirtieron en absolutamente indispensables y han salvado muchas vidas”, concluye.