Entre tantas noticias relacionadas con la crisis sanitaria originada en España por la evolución del brote de coronavirus, este jueves surgía una que ha despertado una importante polémica y que ha provocado el pronunciamiento tanto de Fernando Simón, director del CCAES, como del ministro de Sanidad y del gabinete que rodea a la presidencia del Gobierno.
El origen de la controversia proviene de la compra por parte del Gobierno a una empresa china de test rápidos para detectar coronavirus. De esta adquisición inicial, se ha descubierto que un lote de 9.000 tests, adquiridos a un proveedor nacional, daban resultados imprecisos, con un porcentaje de fiabilidad del 30 % cuando lo recomendable es que supere el 80 %, hecho que ha supuesto que desde el Ejecutivo se hayan devuelto.
Los hechos han concluido que algún responsable del Ministerio de Sanidad ha fallado en el proceso de adquisición de los test rápidos
Lo cierto es que en días anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que se había materializado la compra inicial y la puesta en marcha de 640.000 test rápidos e insistió en varias ocasiones en que se trataban de “tests fiables y homologados”. El líder del Ejecutivo recalcó precisamente que la homologación era “muy importante” debido a que debían “contar con todas las garantías sanitarias”.
Pero los hechos han concluido que algún responsable sanitario ha fallado en el proceso de compra. En España, la persona encargada de ello es Patricia Lacruz, como directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Ella misma informó hace unos días de las que había realizado el Ministerio de Sanidad en una rueda de prensa junto a otros dirigentes del departamento. Y por encima de Lacruz se ubica Faustino Blanco, como secretario general de Sanidad.
Antes de la firma final de la compra, corresponde a los mandos intermedios comprobar que el material sanitario adquirido cumple con la regulación vigente, están avalados y homologados, y cuentan con las máximas garantías de calidad, eficacia y seguridad. No obstante, como se ha confirmado, este proceso no se ha cumplido al 100 % con parte de las compras realizadas, a pesar de que Sánchez incidiera en su validez.
CRUCE DE ACUSACIONES
Una vez se ha conocido la noticia, desde la presidencia del Gobierno han apuntado a través de un comunicado que los test defectuosos contaban con la homologación europea para su compra y comercialización, que la documentación fue analizada tanto por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y que también se comprobó que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre este producto.
No obstante, acto seguido la Embajada de China en España ha incidido en que el Gobierno español adquirió parte de los test de detección rápida a Shenzhen Bioeasy Biotechnology, una empresa que carece de la licencia oficial que proporciona la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Además, han apuntado que el Ministerio de Comercio proporción a España una lista de proveedores clasificados en la que no estaba dicha empresa.