Europa se enfrenta a una nueva ola de Covid-19 que ha situado al viejo continente como el epicentro global de la pandemia de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). España se sitúa en este escenario como una de las escasas excepciones gracias a la elevada tasa de vacunación contra el virus que reporta nuestro país y que lo sitúa como uno de los más avanzados del mundo.
De acuerdo con la última actualización hecha pública por el Ministerio de Sanidad relativa a la Estrategia Nacional de Vacunación contra la Covid-19 (con fecha de 22 de noviembre), el 89,1% de la población diana (37.547.526 personas) ha completado la pauta de vacunación. A pesar de esto, las cifras de nuevos contagios se incrementan cada día. Un hecho preocupante pero que, por el momento, no se está traduciendo en una mayor presión asistencial.
La fotografía epidemiológica que reporta nuestro país preocupa a las comunidades autónomas ante la cercanía del próximo puente de la Constitución y la Navidad. Dos periodos clave en términos de movilidad y aumento de los contactos que podría complicar la situación. En un contexto de relajación de medidas y restricciones, cada vez son más las comunidades autónomas que ven en el pasaporte Covid una opción perfecta para controlar la pandemia sin tener que imponer órdenes más restrictivas. Este documento posibilita, por ejemplo, que aquellos que no han completado la pauta de vacunación o que no acrediten haberse realizado una prueba diagnóstica con resultado negativo, no puedan acceder a locales de ocio nocturno, restauración, eventos culturales (cine, teatros, conciertos, museos, etc.) o deportivos, entre otros.
El problema que existe con la implantación del pasaporte Covid es el que señalan muchas de las comunidades autónomas: su aplicación no depende de una orden pactada entre autonomías y Ministerio de Sanidad que unifique criterios en todo el territorio nacional. La posibilidad de su implementación está en manos de los tribunales de justicia de cada región, lo que se traduce en disparidad de decisiones que dependen de los criterios de los jueces y no de las comunidades autónomas.
EL TSJPV TUMBA LA PETICIÓN DE URKULLU
El último ejemplo lo encontramos en el País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha hecho público un controvertido dictamen por el que se ha rechazo que la Comunidad Autónoma establezca como obligatorio el uso del pasaporte Covid para impedir que aquellas personas que no se han vacunado contra la Covid-19 puedan acceder a locales de ocio y restauración de más de 50 comensales. La decisión se ha tomado por dos votos a favor y uno en contra que tumban la petición del lehendakari Iñigo Urkullu.
El problema que existe con la implantación del pasaporte Covid es el que señalan muchas de las comunidades autónomas: su aplicación no depende de una orden pactada entre autonomías y Ministerio de Sanidad que unifique criterios en todo el territorio nacional. La posibilidad de su implementación está en manos de los tribunales de justicia de cada región
Tal y como informan al respecto en el diario El Mundo, la resolución judicial señala que un 90% de población completamente inmunizada frente al virus la imposición del pasaporte Covid no es necesaria. Incluso califica la petición de su establecimiento como una “incongruencia”, al no plantearse su exigencia aplicable a los propietarios de los locales y sus trabajadores, o al hecho de que puedan acceder menores de 12 que todavía no son elegibles para la vacunación.
El dictamen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV aviva la polémica existente sobre el pasaporte Covid. Este considera que se trata de una medida que afecta a varios derechos fundamentales más allá de Igualdad e Intimidad, apuntando a la vulneración de otros derechos de reunión, libertad ambulatoria e incluso expresión y creación artística. La interpretación de los magistrados es cuanto menos singular y sienta un precedente de futuro incierto.
CAOS AUTONÓMICO
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la Xunta de Galicia a solicitar el pasaporte Covid para acceder a establecimientos de restauración y ocio. Una medida que fue acordada por las autoridades el pasado mes de agosto destinada a zonas con alta incidencia y que, en un principio, no fue avalada por el TSXG. Finalmente la Sección cuarta de lo Contencioso del alto tribunal estimó el recurro presentado por el Gobierno dirigido por Alberto Núñez Feijóo al considera que se trata de una medida “idónea, necesaria y proporcionada”. La sentencia señalan que el “el beneficio” reportado por la aplicación del pasaporte Covid "respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local".
Entre las comunidades autónomas que no consideran necesaria una medida como este documento se encuentran Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. En los casos de Ceuta y Melilla sus respectivos gobiernos no se han pronunciado al respecto
Actualmente en Galicia el pasaporte Covid, prueba que acredite un resultado negativo o un documento que acredite la recuperación de la enfermedad, se solicita para el acceso a locales de ocio nocturno y albergues de peregrinos. El TSXG ha autorizado además a la Xunta a que el pasaporte Covid sea requisito para el acceso a los hospitales (públicos y privados) de las visitas y acompañantes.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) autorizaba la semana pasada la prórroga para exigir el pasaporte antes de acceder a las discotecas. La petición del gobierno balear fue considerada por la justicia como justificada por “su idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
En el caso de Cataluña el Tribunal Superior autorizó solicitar el documento para poder acceder a establecimientos de restauración, hostelería y actividades en las que se consideren multitudinarios.
“Consideramos que el pasaporte Covid es un incentivo a la vacunación y es altamente recomendable para contener la pandemia”, ha expresado en las últimas horas la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, después de conocer la decisión del tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), a través de la que solicita al Ejecutivo autonómico a presentar alegaciones adicionales sobre la solicitud de implementación del pasaporte Covid, ya que consideran que el procedimiento legal por el que se tramita la consulta podría ser inconstitucional, tal y como informan desde El Heraldo.
Andalucía ya solicitó la autorización para utilizar el pasaporte Covid el pasado verano y tanto la justicia como Sanidad denegaron la petición. Canarias es otra de las regiones que solicitó hace unos meses la autorización aunque la petición fue tumbada en los tribunales. No descarta volver a solicitarlos para controlar el acceso a determinadas actividades.
Darias ha manifestado que las comunidades autónomas tienen un “camino abierto” para solicitar el pasaporte Covid en base a la resolución del Tribunal Supremo a través de la que se expone que la implementación de este documento está justificada en ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado y atendiendo a la situación epidemiológica
Las autoridades de Castilla y León prevén contar con un criterio claro la próxima semana sobre la implementación del pasaporte y poder contar con este en caso de que se necesite. En la misma línea se encuentra la Comunidad Valenciana que confía que la próxima semana se cuente con una solución sobre su implantación. Murcia, por el momento, es una opción que las autoridades están barajando aunque no se han pronunciado oficialmente al respecto. Entre las comunidades autónomas que se encuentran valorando la posibilidad de solicitarla implementación del pasaporte se encuentran Navarra (su objetivo es que esté vigente del 27 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2021) y La Rioja (se ha anunciado la consulta al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).
Entre las comunidades autónomas que no consideran necesaria una medida como este documento se encuentran Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. En los casos de Ceuta y Melilla sus respectivos gobiernos no se han pronunciado al respecto.
LAS CC.AA. PRESIONAN A SANIDAD
La fotografía presentada a lo largo de estas líneas refleja un mapa marcado por la inequidad al no existir una estrategia nacional sobre la implantación del pasaporte Covid. Autonomías como Andalucía, Castilla y León o Aragón, entre otras, han pedido ya a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la elaboración de una estrategia nacional para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas comunes sobre el pasaporte Covid y otros aspectos como, por ejemplo, las restricciones relativas a los horarios y los aforos.
Darias ha manifestado que las comunidades autónomas tienen un “camino abierto” para solicitar el pasaporte Covid en base a la resolución del Tribunal Supremo a través de la que se expone que la implementación de este documento está justificada en ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado y atendiendo a la situación epidemiológica. A pesar de lo contemplado en la referida sentencia, son los tribunales supremos autonómicos los que tienen la decisión final sobre las peticiones de las comunidades autónomas, por lo que estas apremian a Sanidad a llegar a un consenso común.
En la reunión mantenida por la Comisión de Salud Pública el pasado 23 de noviembre sobre el nuevo documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la Covid no se ha abordado el pasaporte Covid, salvo para recordar que puede ser solicitado por las comunidades autónomas en los términos explicados anteriormente.