Durante los meses más duros de la pandemia y con España sumida en pleno Estado de Alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía unión a las distintas fuerzas políticas del país para su reconstrucción rememorando los grandes pactos de la Moncloa que en 1977 contribuyeron a evitar la caída de España durante la Transición. Ni el contexto ni la clase política son hoy los de ayer y lo único que se ha conseguido, a pesar de haber vivido la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, ha sido una Comisión de Reconstrucción en el Congreso cuyo dictamen final será aprobado este martes 21 de julio de 2020.
El Congreso de los Diputados acordaba por unanimidad en la reunión mantenida el pasado 28 de abril la creación de una “Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica” del país debido a la crisis provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo a lo propuesto esta debería centrar su trabajo en cuatro cuestiones de vital importancia como son el reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal y la posición de España ante la Unión Europea.
La Comisión fue constituida en la sesión plenaria del Congreso el pasado 7 de mayo con el socialista Patxi López como presidente. Desde el 13 de mayo se han celebrado un total de 12 reuniones siendo en la acaecida el pasado 3 de julio en la que se aprobó el Dictamen con las conclusiones relacionadas a las cuestiones anteriormente planteadas.
En los últimos meses hemos sido testigos de cómo la crisis sanitaria se ha convertido en un arma arrojadiza por parte de todos los partidos políticos asistiendo a bochornosas situaciones en las que el Congreso de los Diputados parecía más bien el escenario de un mitin que la Cámara en la que se representa a la ciudadanía. Ahora, queda una última oportunidad para que el curso político pueda cerrarse, al menos con un pacto de Estado en materia sanitaria.
El Gobierno ha mantenido las negociaciones con todos los partidos abiertos al diálogo hasta el último momento, con especial foco en el PP de Pablo Casado.
Una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es que la Sanidad nunca más debe ser vista como un gasto sino como una inversión sobre la que se sustenta el futuro de todo lo demás
Un punto de partida común a todas las formaciones políticas es que la crisis sanitaria generada por la Covid-19 ha llevado al Sistema Nacional de Salud (SNS) al borde del precipicio llegando, en algunos momentos, al colapso. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es que la Sanidad nunca más debe ser vista como un gasto sino como una inversión sobre la que se sustenta el futuro de todo lo demás. Un planteamiento que ha quedado reforzado ante el incremento de los brotesque materializan cada día de forma más clara la posibilidad de la llegada de una segunda oleada del virus.
LOS POLÍTICOS DEBEN ESCUCHAR
El CIS hecho público el pasado mes de junio revelaba que el 97,8% de los españoles encuestados está de acuerdo en destinar una mayor cantidad de recursos al SNS. Para el 95,5% es necesario incrementar las plantillas. La clase política tiene que escuchar las demandas de la ciudadanía.
En la última votación sobre el dictamen de las conclusiones de la Comisión no fue posible llegar a un acuerdo con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ahora la última oportunidad ha llegado y el voto favorable del PP depende de lo que ellos han denominado como “Pacto de Estado Cajal por la Sanidad”. Una suerte de “Pactos de Toledo” que tiene como objetivo reforzar el SNS y fomentar la investigación en España.
El 97,8% de los españoles encuestados está de acuerdo en destinar una mayor cantidad de recursos al SNS. Para el 95,5% es necesario incrementar las plantillas
El PP no votó a favor de ninguna de las conclusiones del dictamen y, a pesar de que Casado y Sánchez tenían casi cerrado el acuerdo en materia Sanitaria y Unión Europea, la formación azul consideró en el momento de la última votación efectuada a principios del mes de julio que no se habían incorporado algunos aspectos importantes. El PP anunció que se encontraría abierto al diálogo hasta el mismo día de la última votación.
En relación a las propuestas realizadas desde Génova Moncloa ha incorporado algunas como la creación de una reserva estratégica de productos sanitarios críticos y el plan de recursos humanos para la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios.
Los populares han solicitado además la inclusión de la petición de puesta en marcha de una Agencia de Salud Pública como requisito sine qua non para cambiar su votación. Un punto que el PSOE finalmente no ha incorporado.
La negativa del PP no fue la única ya que los partidos nacionalistas consideran que los documentos aprobados están marcados por un impulso recentralizador en materia de competencias que ya habían sido transferidas a las comunidades autónomas.