Navarra unifica el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas anti Covid-19

La sanción mínima por incumplimiento del obligado uso de la mascarilla se eleva a 300 euros cuando no se respete la distancia de 1,5 metros, y a 600 por participar en ‘botellones’.

La presidenta de Navarra, María Chivite (Foto. Gobierno de Navarra)
16 septiembre 2020 | 13:55 h

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, el Decreto Ley Foral que unifica el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas sanitarias preventivas ante la COVID-19. El régimen sancionador existente hasta ahora se encontraba disperso en varios textos legales y a través del Decreto Ley Foral aprobado se clarifican y pormenorizan las infracciones en materia de salud pública y se dota de una mayor seguridad jurídica y conocimiento a la ciudadanía de las conductas punibles administrativamente.

En concreto, el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente al COVID-19 estableció unas medidas específicas de prevención, contención y coordinación para todo el territorio nacional. Con la entrada de Comunidad foral a la fase de la nueva normalidad, el Gobierno de Navarra dictó medidas de prevención adicionales necesarias para hacer hacer frente a la crisis sanitaria. Igualmente, existen conductas tipificadas como infracciones en la Ley General de Sanidad del Estado y en la Ley General de Salud Pública del Estado.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha reiterado que “la inmensa mayoría de la sociedad navarra está cumpliendo con sus obligaciones y actuando de una manera solidaria y responsable, pero hay que atajar las actitudes de aquella minoría que no acata la normativa . El Gobierno de Navarra no va a tolerar actitudes o conductas que ponga en riesgo la salud pública y actuaremos para atajarlas a través de los cuerpos policiales y las fuerzas y cuerpos de seguridad ”.  Desde mediados de julio, la Policía Foral ha interpuesto un total de 1.120 denuncias. La mayoría de ellas, un total de 910 denuncias, relacionadas con incumplimientos en el uso de mascarillas y 145 por la participación en los denominados botellones.

La sanción mínima por incumplimiento del obligado uso de la mascarilla se eleva a 300 euros cuando no se respete la distancia de 1,5 metros

En ese sentido, ha incidido en que el Decreto Ley Foral aprobado “no tiene un afán recaudatorio, el objetivo no es interponer sanciones o multas, sino desincentivar ese tipo de comportamientos y actuaciones y garantizar el cumplimiento de las medidas y recomendaciones sanitarias para preservar la salud pública del conjunto de la ciudadanía, y especialmente la de los colectivos vulnerables”.

TRES TIPOS DE INFRACCIONES

El Decreto Ley Foral establece tres tipos de infracciones, las  leves, que se sancionarán con multas de entre 100 y 3.000 euros; las graves, que recogen sanciones de entre 3.001 y 60.000 euros; y las muy graves, que se sancionarán con multas de entre 60.001 y 600.000 euros.

PERSONAS O ENTIDADES RESPONSABLES

El Decreto Ley Foral también especifica las personas o entidades responsables de las infracciones. En el caso de las denminadas “bajeras de ocio”, “pipotes” o similares, serán responsables las personas físicas que se encuentren ejerciendo la actividad ilícita.

En el caso de las sociedades gastronómicas y “peñas” serán responsables las personas físicas que se encuentren ejerciendo la actividad ilícita. En el caso de convocatoria de actos o reuniones en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan suponer un riesgo o daño grave para la salud de la población serán responsables las personas físicas o jurídicas que las realicen así como quienes contribuyan de manera efectiva a su difusión.

Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto Ley Foral se seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de cometerse el hecho o actuación.

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