Siguiendo los pasos de China y, principalmente, de Italia, el Gobierno de España decidió el 14 de marzo aprobar la declaración del Estado de alarma “para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19”, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus surgido en la Wuhan (China). Un mes después, se empieza a pensar en la desescalada del confinamiento y la recuperación de la actividad social y económica, pero aún no se ha calendarizado esta vuelta a la normalidad.
Cuando Pedro Sánchez anunció la aprobación del RD del estado de alarma por parte del Consejo de Ministros, en el país ya se contabilizaban 5.753 casos positivos por Covid-19 y habían fallecido 136 personas. 31 días más tarde, los casos confirmados han crecido más de un 2.800 %, hasta acumular las 172.451 personas contagiadas. Mientras, el número de muertes ha crecido más de un 13.000 %, notificándose ya los 18.056 fallecimientos en todo el Estado.
El día que más casos nuevos se notificaron fue el 31 de marzo, con 9.222 contagios; y fue el 2 de abril cuando se alcanzó el récord de muertes en un solo día, con 950 decesos
En este tiempo, la notificación de nuevos casos y muertes diarias ha ido en incremento de forma constante, con unos porcentajes de aumento que en las primeras semanas superaban el 20 %. El día que más casos nuevos coronavirus se notificaron fue el 31 de marzo, con 9.222 confirmaciones; mientras que fue el 2 de abril cuando se alcanzó el récord de muertes un solo día, con 950 decesos.
No fue hasta las dos primeras semanas de abril cuando los datos aportados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad registraron un descenso en los nuevos contagios y las muertes, lo que indicaba que el pico de la curva se había superado y que se comenzaba a doblegar. Actualmente, ya se ha confirmado la recuperación de 67.504 personas, lo que supone un 39 % del total.
¿QUÉ SUPUSO EL ESTADO DE ALARMA?
La declaración aprobada por el Consejo de Ministros de forma extraordinaria supuso la puesta en marcha de acciones nunca vividas en España. Una de las más destacadas fue la prohibición de salir a la calle del conjunto de la sociedad, el llamado confinamiento, permitiendo únicamente los desplazamientos de las personas para los trabajos considerados esenciales, para la compra de alimentación o productos sanitarios o para acudir a los centros sanitarios.
La declaración del Estado de alarma ha sido prorrogada en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados; la última, hasta el 26 de abril
Por otra parte, Sánchez dejaba en manos de Salvador Illa, ministro de Sanidad, “todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional” aunque la gestión continuaba en poder de las comunidades autónomas. El objetivo era garantizar la mejor distribución de medios técnicos y personales en función de las necesidades de cada territorio. Además, Illa se convertía en la autoridad competente estatal salvo en las áreas de Defensa, Interior y Transporte.
Desde el punto de vista de recursos humanos, el Ministerio de Sanidad aprobó una orden ministerial con medidas excepcionales dirigidas a evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre las acciones más importantes, destacaban la disponibilidad de profesionales sanitarios jubilados, liberados sindicales y estudiantes en su último año. Además, se prorrogaba la contratación de los residentes en el último año de formación.
En un principio, se aprobó para 15 días, pero a día de hoy ya se ha tenido que prorrogar dos veces. En un primer momento, el Congreso de los Diputados validó esta prolongación hasta el 12 de abril y, posteriormente, se ha prorrogado hasta el 26 de abril. Pese a que se empiece a pensar en la desescalada, el Gobierno da por hecho que será necesario prolongarlo, con distintas condiciones, al menos hasta mediados de mayo.
CONFLICTO Y COOPERACIÓN CON LAS CC.AA.
Desde un primer momento, algunas comunidades autónomas criticaron al Ejecutivo central por no garantizar las condiciones de seguridad tanto de los profesionales sanitarios como aquellos trabajadores de servicios esenciales como de quienes vivían en residencias de ancianos, uno de los sectores más perjudicados por la propagación de la pandemia en España.
Pese a las críticas de varias gobiernos autonómicos en torno a la adquisición de test y material de protección, el ministro Illa ha subrayado el nivel de cooperación alcanzado con las CC.AA.
Así, no han sido pocas las reclamaciones de los dirigentes autonómicos, de los sindicatos y de las sociedades científicas al Gobierno para que active la realización de test masivos de diagnóstico y para que suministre mascarillas y el resto de equipos de protección individual (EPI) a las personas que están en la primera línea de lucha frente al coronavirus.
No obstante, las acciones del Ministerio de Sanidad en este sentido han estado instauradas en la polémica. Primero, porque la mayoría ha entendido que ha actuado tarde en este sentido, justificado por el Gobierno aludiendo a la volatilidad del mercado debido a la necesidad creciente de suministro a nivel mundial. Pero también fue controvertida la adquisición de una partida de test rápidos a China, debido a que su sensibilidad fue menor de la esperada.
En todo caso, Salvador Illa siempre ha defendido la coordinación y el nivel de cooperación que ha mantenido desde un primer momento con las comunidades autónomas. Desde antes incluso del Estado de alarma y hasta esta misma semana, el ministro ha mantenido numerosas reuniones presenciales o por videoconferencia con los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.
CONFLICTO POLÍTICO
También en este periodo se ha vislumbrado una evolución en la relación de los partidos de la oposición con el Gobierno. La “lealtad" prometida por los líderes políticos fue un hecho al principio de la propagación del virus en España, pero pronto se convirtió en una reprobación constante de formaciones como el PartidoPopular o Vox.
El Gobierno ya recomienda el uso generalizado de mascarillas como complemento a la higiene personal; mientras, varias CC.AA. plantean que los niños pequeños puedan empezar a salir de casa
Estos reproches han sido especialmente notables en los contados plenos que se han celebrado en el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno ha solicitado la prórroga del Estado de alarma. Además, también ha sido así en las comparecencias que Salvador Illa ha realizado en la Comisión de Sanidad. Las principales desaprobaciones de la oposición han sido la gestión del Gobierno sobre la adquisición de test y mascarillas, el número real de fallecimientos o la posible unilateralidad realizada.
FASE DE DESESCALADA
En los últimos días, el Gobierno ha comentado algunas de las medidas que estudia poner en marcha en el proceso de desescalada. Por ejemplo, la recomendación del uso generalizado de mascarillas para el conjunto de la población o el posible aislamiento de personas asintomáticas positivas por coronavirus. Por su parte, algunos gobiernos regionales han planteado que la fase de desconfinamiento comience por los niños pequeños