La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, con la intención de solicitar que se retome la transferencia de competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas tras la pandemia del coronavirus. Actualmente, el sistema sanitario de las prisiones españolas está en manos del Ministerio del Interior aunque se coordina con los servicios de salud de las CC.AA. Solo País Vasco y Cataluña cuentan con las competencias de la sanidad penitenciaria.
"Déjenme que les diga con cierto orgullo que sin la Sanidad Penitenciara, y por ende sin la SESP, no puede entenderse el control comunitario de enfermedades tan importantes como el SIDA, la Tuberculosis, la Hepatitis C o los Trastornos Mentales. Y a esto debemos añadir ahora, también con orgullo, la extraordinaria labor que los sanitarios de prisiones, con mucho esfuerzo personal y a pesar de unas condiciones laborales sencillamente desastrosas, estamos realizando para controlar en nuestras cárceles, por cierto, con enorme éxito, la pandemia de la Covid 19", reza la carta firmada por el presidente de la SESP, José Joaquín Antón Basanta.
"Estoy convencido que ahora, tras acabar el estado de alerta, se va a abordar un análisis de lo que ha ocurrido tanto en la sociedad en general como, fundamentalmente, en nuestro sistema de salud y que será obligado abordar en el corto plazo una reestructuración de la sanidad en su conjunto que consolide nuestras fortalezas y elimine al máximo nuestras debilidades. Y Sres. Ministros, a día de hoy la sanidad penitenciaria es una de las mayores debilidades del sistema: es injusta con sus trabajadores y es injusta con sus pacientes", prosigue Antón Basanta en la carta enviada a los departamenos ministeriales.
"La sanidad penitenciaria es una de las mayores debilidades del sistema: es injusta con sus trabajadores y es injusta con sus pacientes"
La SESP sostiene que la sanidad penitenciaria es, probablemente, el "eslabón más débil" del sistema sanitario porque, "de forma incomprensible", aún no forma parte del mismo a pesar del mandato de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.
"Créanme que quiero ser positivo, que no pretendo con este escrito plantear los innumerables problemas de los que adolece la Sanidad Penitenciaria y que estoy seguro conocen sobradamente. Quiero, simplemente, pedirles que aprovechen esta oportunidad de mejora. Ahora es el momento. Integren la Sanidad Penitenciaria en los Sistemas Autonómicos de Salud. Repararán una injusticia de más de 17 años, cumplirán con la Ley y además habrán eliminado una debilidad del sistema", insta a Illa y Marlaska, la sociedad médica de Prisiones.
"Déjenme decirles, para terminar, que en mi opinión uno de los indicadores más fiables del grado de respeto a los derechos humanos de un país es su sistema penitenciario. Les pido por favor que no dejen que la situación de la sanidad penitenciaria haga que este país pierda el extraordinario nivel de respeto a los derechos humanos que atesora", concluye así su misiva José Joaquín Antón Basanta.