La campaña de vacunación contra la Covid-19 en el Reino Unido ha experimentado una aceleración positiva en los últimos días con 5,9 millones de británicos que ya han recibido la primera dosis. A pesar de esto los profesionales médicos han criticado al Gobierno de Boris Johnson por su decisión de retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech hasta 12 semanas, cuando el periodo recomendado por el fabricante es de 21 días.
El Ejecutivo de Johnson ha adoptado esta estrategia con el objetivo de garantizar que el número de personas que reciben la dosis inicial sea el mayor posible para que cuenten con cierta protección ante el virus. El primer ministro advertía el pasado viernes que la situación epidemiológica del país está marcada por la nueva variante y la ha asociado con el incremento de la mortalidad registrado en los últimos días.
Una fotografía ante la que Chris Whitty, director de la Asociación Médica Británica, ha recordado al Gobierno que el intervalo de hasta 12 semanas en la administración de la vacuna de Pfizer va en contra de las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Motivo por el que ha solicitado a Johnson y su equipo que se reduzca el plazo a un máximo de seis semanas.
El Departamento de Salud y Asistencia Social ha asegurado que se ha tomado tras "una revisión exhaustiva de los datos”
Pfizer y BioNTech han advertido que no cuentan con evidencia de que su vacuna sea efectiva se la segunda dosis se administra pasados 21 días desde la primera inyección. A pesar de las advertencias el Gobierno británico continúa con su estrategia lo que le está permitiendo avanzar rápidamente en su programa de vacunación, pero únicamente administrando en la mayoría de casos la primera de las dosis.
En este sentido Whitty asegura que esta política es una “decisión de salud pública”, dirigida a vacunar al mayor número posible de personas y basada en los estudios que sugieren que gran parte de la protección ofrecida por la vacuna procede de la primera dosis. Una decisión sobre la que el Departamento de Salud y Asistencia Social ha asegurado que se ha tomado tras "una revisión exhaustiva de los datos”, y que se encuentra en línea con las opiniones y recomendaciones de los cuatro directores médicos del país.