Son muchos los temas que requieren un análisis específico durante la pandemia de coronavirus. Uno de ellos, que ha generado significativa inquietud y polémica en nuestro país, ha sido el uso de mascarillas entre la población. Hasta principios de abril, el Gobierno de España desaconsejaba la utilización de estos productos de seguridad porque, tal y como sostenían, no reportaban beneficios entre la ciudadanía.
Eran semanas en las que la escasez de material dirigido a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) era notorio, y los esfuerzos de la administraciones se encaminaba a abastecer a este colectivo. No obstante, la falta de una evidencia científica al respecto durante estas jornadas fue recogida por el Ejecutivo, trasladando un mensaje de baja utilidad entre la población sana.
A principios de abril, el Ministerio de Sanidad, como autoridad competente, cambió de opinión y definió las mascarillas higiénicas como un producto “altamente recomendable”, en palabras del responsable del departamento, Salvador Illa
A principios de abril, el Ministerio de Sanidad, como autoridad competente, cambió de opinión y definió las mascarillas higiénicas como un producto “altamente recomendable”, en palabras del responsable del departamento, Salvador Illa. La obligatoriedad fue descartada esas semanas, y se apostó por concienciar a la sociedad de la importancia de su uso.
El problema entonces surgió con el abastecimiento de estos sistemas. Las oficinas de farmacia y grandes superficies tuvieron que lograr grandes cantidades de unidades en un mercado convulso. Desde el Gobierno se apostó por regular el precio de las mascarillas (máximo 0,96€ por unidad) y se decidió repartirlas en las principales estaciones de transporte público, siempre como recomendación.
Desde el Palacio de la Moncloa plantean un nuevo giro en su estrategia y ya estudian la obligatoriedad en todos los espacios públicos de la mascarilla a medida que las provincias van avanzando de fases en el plan de desescalada
Fue ya en mayo cuando el equipo liderado por Pedro Sánchez volvió a cambiar de idea y declaró su uso obligatorio en el transporte público, para lo que se volvía a reforzar su reparto en los puntos más destacados de la red pública, como los intercambiadores.
Desde el Palacio de la Moncloa plantean un nuevo giro en su estrategia y ya estudian la obligatoriedad en todos los espacios públicos de la mascarilla a medida que las provincias van avanzando de fases en el plan de desescalada. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, ha precisado que si finalmente el Ejecutivo toma la decisión, tendrán que estudiarse al detalle todas las excepciones para no perjudicar a los colectivos vulnerables.