De acuerdo a los datos recogidos en el último informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), el sistema sanitario privado atiende cada año en España a 8,7 millones de pacientes. La sanidad privada ahorra al sistema público un total de 4.949 millones de euros (564 por cada asegurado). Un modelo que ha tenido una especial relevancia en la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
"La aportación de la sanidad privada en esta crisis, sobre todo en Madrid y Cataluña, ha sido fundamental: ha atendido a más de 25.000 pacientes de Covid-19 y a cerca de un 15% de la UCI. Teniendo en cuenta el estado de saturación del sistema público, sin la aportación del sector privado no se habría podido atender a todos", aseguraba durante la presentación del referido informe Juan Abarca, presidente del Instituto. A pesar de esta fotografía, nuestro país se encuentra a la cola europea de la colaboración sanitaria público-privada en la lucha contra la pandemia.
La decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas.
El mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a enfermos por el coronavirus SARS-CoV-2 que nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a ERTE por ser un sector estratégico. Esta situación ha provocado que ahora mismo esté en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.
"Teniendo en cuenta el estado de saturación del sistema público, sin la aportación del sector privado no se habría podido atender a todos"
Tras la caída del mando único y el fin del Estado de Alarma, el Gobierno ha delegado en cada una de las 17 comunidades autónomas la regulación de la colaboración entre la sanidad pública y privada. El impacto en la facturación varía en función de cada comunidad autónoma. Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto menos afectadas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.
Esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor.
Mientras en España cada comunidad hace lo que considera sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas, en Francia, Alemania y Reino Unido se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la salud de la población y la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido.
¿QUÉ PIDE LA SANIDAD PRIVADA?
Según los datos ofrecidos por la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE) que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia: concretamente, las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.
Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia
Ante esta situación, ASPE solicitó a Illa medidas urgentes y específicas:
1.- En relación con la solicitud de desprogramar toda actividad sanitaria que no sea de carácter urgente o preferente y la declaración de actividad esencial, con la consecuente imposibilidad de adaptar los costes del centro a la situación específica:
- Que en los fondos que el Gobierno tiene previsto repartir entre las CC.AA. para cubrir los costes sanitarios se contemple la compensación por los servicios asistenciales COVID y no COVID de pacientes derivados a la sanidad privada, bajo mandato de las autoridades sanitarias.
- Que en esos mismos fondos se contemple la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI, puestos a disposición e informados de forma diaria a las autoridades sanitarias autonómicas.
- Establecimiento de medidas específicas para el sector sanitario privado que doten de liquidez a los centros, por la caída de actividad ordinaria: líneas de financiación ICO con carencia de un año exenciones y/o bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, entre otros.
- Necesidad de establecer de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios. Esta crisis ha puesto de relieve el carácter fundamental de estos bienes y la barrera que supone los costes de adquisición en un sector donde el IVA es un coste al carecer de IVA los servicios que factura a sus pacientes.
- Necesidad de retrotraer los efectos de esta regulación al momento de decretarse el Estado de Alarma. Art 9 del RDL 15/2020.
LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SANIDAD
La atención y apoyo prestados durante la pandemia por parte de la sanidad privada la han situado en un preocupante escenario en caso de que el Ministerio de Sanidad continúe desviando la mirada del tema. En la última Comisión de Sanidad celebrada en el Congreso de los Diputados el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expresaba que los recursos consumidos de la sanidad privada durante la pandemia deberían “ser compensados”. En este sentido cabe recordar que el 15 de marzo, tras la entrada en vigor del Estado de Alarma, la sanidad privada en su conjunto fue puesta bajo las órdenes de los consejeros autonómicos del ramo para hacer frente a la crisis sanitaria vivida por el país.
"Si se ha hecho un consumo de servicios de la sanidad privada habrá que llegar a un acuerdo y compensarlo. Esto no va de expropiar servicios. Otra cosa es que nos pidan un dinero que no les corresponde"
“Si se ha hecho un consumo de servicios de la sanidad privada habrá que llegar a un acuerdo y compensarlo. Esto no va de expropiar servicios. Otra cosa es que nos pidan un dinero que no les corresponde, porque aquí estamos de acuerdo en que todos los recursos tienen que ir en reforzar el sistema público", aseveraba en la Comisión Illa. Un asunto que continúa sin resolverse a pesar de que, a principios del mes de junio, el ministro y el presidente ASPE, Carlos Rus, mantuvieron una reunión en la que Illa se comprometió a dar una respuesta rápida a la solicitud de ayudas de la sanidad privada.
“Le hemos explicado la situación a Sanidad y enviado informes de cómo está funcionando la privada en el resto de países europeos. Pero ha sido un tema que no se ha querido abordar, al igual que el modelo alemán, inglés y francés si lo han hecho antes incluso de que la privada se erigiera como necesaria”, explica en la entrevista concedida a ConSalud.es, Carlos Rus, presidente de ASPE. Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para abordar el tema y, a fecha de publicación de este artículo no se ha recibido respuesta alguna.
En este sentido manifiesta que la mayor preocupación ante este escenario es la llegada de una segunda ola del virus. “Con la situación económica que tenemos la sanidad privada lo va a pasar muy mal”, ya que ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.
Detalla que la declaración de esencial no debe centrarse únicamente en la tipología de la actividad o servicio, sino que debe tener muy en cuenta la situación territorial. “Lo único que pedimos es que se solucione por parte del Gobierno y que no haya 17 negociaciones y criterios distintos ya que nos hemos encontrado con total falta de voluntad para buscar una solución”, expresa Rus.