La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de cumplir “todas las órdenes de manera estricta”, dejando claro que “no está en rebeldía”, en relación a las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad el pasado miércoles 30 de septiembre y que suponen la aplicación de restricciones a la movilidad en Madrid capital y otros ocho municipios de la región en un plazo de 48 horas.
A pesar de sus palabras el Ejecutivo madrileño, tal y como informan desde ABC, se encuentra trabajando para defender lo que consideran que es mejor para todos los madrileños. A través de las herramientas legales que proporciona el Estado de Derecho, Ausyo y su equipo estudian recursos contra la resolución de las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad y, si más tarde no queda otra opción, solicitarán su puesta en marcha al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. De esta forma la entrada en vigor de las medidas de Illa podría retrasarse en toda la Comunidad de Madrid hasta el final de la próxima semana.
La resolución en la que se recogen las medidas a implantar dirigidas por el Ministerio de Sanidad, no se trata de una orden ministerial y ni si quiera ha sido rubricada por el titular de Sanidad, ha sido publicada este jueves 1 de octubre en el BOE. Desde este momento la Comunidad de Madrid dispone de 48 horas para publicarlas en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
En caso de que el Gobierno regional tenga que publicar la resolución en el BOCAM el próximo sábado, se solicitaría autorización para actuar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de su puesta en marcha ya que consideran que estas medidas afectan a derechos fundamentales
Tal y como informan en ABC, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se encuentra analizando los posibles recursos a presentar ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Sanidad. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dejaba claro en rueda de prensa que la decisión de Illa “jurídicamente no es válida”, porque no ha sido adoptada por consenso al haber contado con el voto en contra de cinco comunidades autónomas.
De este modo, en caso de que el Gobierno regional tenga que publicar la resolución en el BOCAM el próximo sábado, se solicitaría autorización para actuar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de su puesta en marcha ya que consideran que estas medidas afectan a derechos fundamentales.
De esta forma la Comunidad de Madrid retrasaría hasta el final de la próxima semana la entrada en vigor de las medidas de Illa y contarían con más resultados sobre la efectividad o no de las políticas para controlar la pandemia que desarrollan desde el Ejecutivo madrileño.