A un total de 17 meses de cárcel ascienden las distintas penas que, de forma inapelable, comenzó a cumplir este domingo un vecino de Santa Cruz de Tenerife de 37 años, tras ser condenado judicialmente por tercera ocasión por saltarse el confinamiento impuesto por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, y tener una cuarta condena previa suspendida por robo con fuerza.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife emitió la sentencia de conformidad que condena al ahora interno en la prisión de Tenerife II a cinco meses de pena como autor de un delito grave de desobediencia a la autoridad, con la agravante de reincidencia.
El fiscal se ha opuesto a la remisión condicional y la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión, al "prever como probable" que el sujeto vuelva cometer “nuevos delitos"
Se da la circunstancia, detalla el fallo, de que había sido condenado en septiembre de 2019 a cuatro meses de prisión por robo con fuerza; el pasado 6 de abril a cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia (a las órdenes de confinamiento), y al día siguiente, 7 de abril, a otros cuatro meses por un nuevo delito de desobediencia a la cuarentena.
La Justicia había suspendido las tres condenas al ser leves y haber conformidad en todos los casos por parte del acusado, pero ahora, con la cuarta, el fiscal se ha opuesto a la remisión condicional y la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión, al "prever como probable" que el sujeto vuelva cometer “nuevos delitos como el que es objeto de enjuiciamiento, con el potencial riesgo contra la salud pública que ello supone”, ya que nadie puede asegurar que no es portador del Covid-19. En total, tendrá que permanecer en prisión hasta cumplir 17 meses.
El ahora condenado “ha obligado a actuar en, al menos, siete ocasiones” a las fuerzas del orden, identificándole en la calle sin ninguna razón para no estar en su casa confinado.
Recuerda el fallo que, con independencia de las tres condenas, el ahora condenado “ha obligado a actuar en, al menos, siete ocasiones” a las fuerzas del orden, identificándole en la calle sin ninguna razón para no estar en su casa confinado.
La resolución detalla que el investigado tiene reconocida una discapacidad del 65%, pero afirma: “no consta que disminuyese sus facultades intelictivas o volitivas”.