La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha estado exenta de críticas y se ha visto envuelta en varias polémicas que han empañado su transparencia. Conocidas por todos son las compras de miles de test fallidos o los lotes de mascarillas defectuosas que han puesto en peligro a nuestra primera línea de defensa contra la Covid-19: los profesionales sanitarios.
Una fotografía a la que se suma el desconcierto provocado por los cambios que se han ido sucediendo a la hora de contar los contagiados y fallecidos y que ahora, con el inicio del plan de desescalada, añade el problema de no desvelar los nombres del grupo de expertos que asesoran al Gobierno sobre los distintos planes presentados por las comunidades autónomas para decidir si se encuentran o no en condiciones de avanzar un paso más hacia la tan esperada “nueva normalidad”.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado en numerosas ocasiones que España no es el único país que ha encontrado problemas a la hora de abastecerse de materiales y recursos en el mercado internacional. En sus palabras, se trata de un escenario muy competitivo en el que todos los países pugnan por intentar cubrir las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.
Todas estas compras se encuentran centralizadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) bajo la dirección de Alfonso Jiménez. Un organismo que, tal y como informan desde Libertad Digital, está siendo asesorado por un grupo de expertos de otros ministerios cuyos nombres no han sido desvelados por el Gobierno.
El ministerio a las órdenes de Illa declaraba tras la publicación de la información que “se trata de trabajadores públicos”
Creen que estos expertos podrían proceder de otros ministerios como Hacienda, Industria y Comercio y, tras no recibir respuesta por parte de Sanidad en relación a las consultas efectuadas sobre los integrantes del grupo de expertos, el ministerio a las órdenes de Illa declaraba tras la publicación de la información que “se trata de trabajadores públicos”.
Las compras efectuadas por el Ingesa se han visto salpicadas por la polémica ya que, en algunos casos, se han adquirido materiales en el mercado internacional por un precio más elevado que el coste que habría supuesto su compra a proveedores nacionales. Los últimos ejemplos se han conocido tras la compra de guantes de nitrilo y geles de solución hidroalcohólica.
Además, se trata de unas compras que se realizan por el método de adjudicación de “negociado sin publicidad” al considerarse un procedimiento urgente por lo que no se presentan ofertas.
Se trata de unas compras que se realizan por el método de adjudicación de “negociado sin publicidad” al considerarse un procedimiento urgente por lo que no se presentan ofertas
La Razón informaba hace unos días de que el Ingesa rubricó 14 contratos con un total de 12 empresas para la compra de este tipo de productos en los que la dirección del adjudicatario figuraba como desconocida. Hecho que Illa atribuyó a un “error administrativo”.
El pasado lunes 116 familias presentaron ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno y sus 22 ministros acusándoles de un delito de homicidio imprudente grave por las adquisiciones fraudulentas.
El presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, junto con Alfonso Jiménez, han sido ya denunciados según informa Libertad Digital ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta malversación de más de 50 millones de euros durante la crisis del coronavirus.
Además, Fernando Simón, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas; y la responsable de la Dirección General de Cartera Básica y Servicios Patricia Lacruz, han sido denunciados por la adquisición de lotes de mascarillas defectuosas.