El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia telemática de este domingo, en respuesta a preguntas formuladas por distintos medios de comunicación, ha insistido en algunas cuestiones relacionadas con los test PCR, como las recogidas en órdenes ministeriales recientes respecto al control de estas pruebas por parte de las Comunidades Autónomas, como contempla la publicada en el Boe el pasado 14 de abril por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Así, como ha recordado Illa, “la única estrategia al respecto está dirigida por las Comunidades Autónomas”, por tanto, como ha añadido, “toda organización sanitaria pública o privada que realice este tipo de test PCR o los de anticuerpos, también conocidos como “los rápidos” tiene que informar tanto del material que utiliza para la prueba como el número de los que realiza a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas correspondientes”. Además, como ha subrayado el ministro, “todas se harán bajo prescripción médica, y aquellos que no cumplan la normativa deberán atenerse a las consecuencias”.
Al respecto, los laboratorios, según ha señalado Illa, están enviando la correspondiente información al Ministerio de Sanidad, con lo cual "estamos robustenciendo el sistema de información en este aspecto".
"Aquellos que no cumplan la normativa deberán atenerse a las consecuencias”, indicó Illa
En otro momento de su intervención, ha remarcado la fiabilidad de los test PCR, "son en los que basamos nuestra estrategia para hacer frente a la pandemia, con la realización de más de dos millones", según señaló, "se están utilizando en base a los criterios establecidos, en su día, por el Instituto Carlos III"
Con respecto a la seguridad sanitaria en los desplazamientos y, en concreto, en los viajes en avión ha asegurado que se ha participado en todas las reuniones internacionales que se han celebrado al respecto con los socios europeos, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por las autoridades europeas y que han sido suscritas por este gobierno.