“Me gustaría que lo que voy a contar fuese un bulo, pero lamentablemente no lo es”. Así comienza el discurso de José Luis Izquierdo, padre de un niño con parálisis cerebral, tras enterarse que los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación de la Ley de Educación que promueve el cierre de la mayoría Centros de Educación Especial, en un plazo de diez años. “Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto además de ser una aberración es no tener ni idea”, asegura.
S. Iglesias, fisioterapeuta de Aenilce: “Nuestros chicos/as perderían el trato individualizado y específico que reciben”
Desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Gobierno ha suspendido los plazos administrativos y procesales. Sin embargo, eso no ha sucedido con los trámites parlamentarios. Es por ello que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Educación que pretende eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial acaba de iniciar su tramitación. Una decisión que, según informan desde la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí. Especial También’, “no ha sido consultada ni con los padres, ni con profesionales de los colegios”.
El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la Ley finalizó el pasado 24 de abril y mañana, 29 de abril, concluye el de prestación de enmiendas parciales. Por este motivo, la plataforma ha puesto el grito en el cielo y asegura que los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han decidido aprovechar esta situación “excepcional, dramática y de incertidumbre sanitaria, social, económica, educativa y política”, para seguir tramitando la Ley. “Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido”, lamentan.
PÉRDIDA DE UN TRATO INDIVIDUALIZADO Y ESPECÍFICO
En España hay 38.132 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2019-2020, el 0,46% de la población escolar, que asciende a 8,23 millones, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Con el cierre de los centros educativos, muchos de estos niños pueden perder el acceso a una educación personalizada. “En el caso de que algo así ocurriese, nuestros chicos/as perderían el trato individualizado y específico que reciben en a base a todas las necesidades que cada uno de ellos tiene”, asegura Santiago Iglesias, fisioterapeuta de la Fundación para la atención y educación de niños con lesión cerebral,Aenilce, en declaraciones a este medio.
RECOGIDA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG
Las familias con niños con discapacidad intelectual, entidades y colegios de Educación Especial, sindicatos, patronales y profesionales de la enseñanza ya se opusieron a esta norma con una manifestación masiva en Valladolid. Debido a la situación actual originada por la crisis sanitaria del Covid-19 “nadie puede salir, ni manifestarse”. Por ello, una de las madres ha recurrido a la plataforma de firmas Change.org para dar voz a este problema.
La petición, dirigida al Gobierno y a su presidente Pedro Sánchez, fue puesta en marcha hace dos días y cuenta ya con más de 16.500 firmas a favor del “no al cierre de los centros especiales”.
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESPONDE
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha reiterado su apoyo al alumnado con necesidades especiales en un comunicado público donde desmienten que se se vayan a cerrar los centros de educación especial. Según señala el organismo, el Proyecto de Ley de Educación recoge literalmente que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
En ese mismo texto se dice que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
No obstante, desde la plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial también' reiteran que lo establecido en la Ley abre la puerta a la eliminación de los centros pues "limitan el acceso unicamente a los alumnos que requieran una atención muy especializada".