El SARS-CoV-2 ha posicionado a la sanidad privada en España ante una complicada situación en términos económico. De acuerdo a los datos ofrecidos por la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE) que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, la decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas.
Una difícil situación que se torna aún más complica ante el temor de una segunda ola del virus. “Con la situación económica que tenemos la sanidad privada lo va a pasar muy mal”, declara el presidente de ASPE Carlos Rus, ya que ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad después de que el ministro del ramo, Salvador Illa, se comprometiese a ofrecerla en un plazo de 10 días ya transcurridos, desde ASPE han elaborado un informe dirigido a los miembros en el que se establece la base jurídica para que puedan comenzar a plantear las acciones legales pertinentes ante el ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para poder recibir la compensación económica que les corresponde derivada de los servicios y apoyo prestados en durante la pandemia.
El presidente de ASPE especifica que estos pagos pueden realizarse a través de dos vías y atendiendo a dos conceptos. Aclara que son las comunidades autónomas las que deben asumir el pago del coste por la atención sanitaria a los pacientes con Covid-19, mientras los costes derivados de la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada corresponden al Ministerio de Sanidad.
En este sentido Rus explica a este medio que ASPE, como patronal, no puede interponer los litigios correspondientes ya que estas acciones recaen en manos de las clínicas privadas y los grupos hospitalarios ya que cuentan con la capacitación legal para hacerlo.
“Si se ha hecho un consumo de servicios de la sanidad privada habrá que llegar a un acuerdo y compensarlo. Esto no va de expropiar servicios. Otra cosa es que nos pidan un dinero que no les corresponde, porque aquí estamos de acuerdo en que todos los recursos tienen que ir en reforzar el sistema público", aseveraba en la Comisión Illa. Un asunto que continúa sin resolverse a pesar.
LA PROTECCIÓN DE LA PRIVADA EN EUROPA
Francia, Alemania y el Reino Unido han acordado con la Sanidad privada dar prioridad absoluta a la lucha contra la Covid-19 con mecanismos de acción inmediata y una regulación que permite atender mejor a los pacientes y compensar las consecuencias económicas a los hospitales.
Ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios
En Alemania, en Consejo General ha aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la ‘Ley de ayuda hospitalaria covid-19’ para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados. Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional’ para mejorar la capacidad de respuesta a las epidemias. Ambas iniciativas han sido coordinadas por el Gobierno federal
La ‘Ley de ayuda hospitalaria’ tiene dos vertientes: primero, la salud de la ciudadanía alemana al poner a su disposición toda la red de centros médicos, tanto públicos como privados, sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos. Esto garantiza la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.
Por otro lado, y entre otras muchas ayudas, los hospitales recibirán una compensación financiera por operaciones y tratamientos reprogramados para liberar capacidad para tratar pacientes con infección por coronavirus; una bonificación de 50,000 euros por cada cama de cuidados intensivos que creen; para equipos de protección personal, los hospitales recibirán un suplemento de 50 euros por paciente y un largo etcétera de ayudas económicas y simplificación de trámites para poner como foco principal de la acción de todo el ámbito sanitario germánico el fin de la pandemia. Estas medidas han sido tomadas por el Gobierno central y son de obligado cumplimiento en todo el ámbito nacional.
En España la legislación varía de comunidad en comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos para utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia y garantizar la salud de la ciudadanía
En el Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta legislación, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. El Gobierno sentó las bases de la colaboración público-privada en el mismo momento en el que decidió atajar la pandemia y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serán entregados y compensados de manera inmediata.
Por lo tanto, el Gobierno garantizó para todo el país, esto es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que las restricciones financieras no obstaculizarían la adopción de medidas urgentes y necesarias, ya sea en términos de personal, adaptación de instalaciones, equipos, paquetes de alta de pacientes, capacitación del personal, atención electiva o cualquier otra categoría relevante. Para conseguirlo, el Reino Unido ha aprobado un listado de servicios y sus tarifas y ha adelantado un pago a cuenta a todos sus proveedores para garantizar la salud de su ciudadanía y mantener la estabilidad, sostenibilidad y futuro de su sector sanitario.
Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector tanto público como privado. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados. Además, de cara a una eventual segunda ola de la pandemia, el objetivo es contar con toda la fuerza laboral con apoyo financiero público. Con estas medidas, el sector privado está protegido sobre la misma base que el sector público.
Mientras en España la legislación varía de comunidad en comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos para utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia y garantizar la salud de la ciudadanía.