En los últimos días, han crecido las dudas sobre si el número de personas fallecidas por coronavirus que publica cada día el Ministerio de Sanidad, según la información que le proporciona cada comunidad autónoma, es el real o si la cifra es mucho más alta debido a que puede haber personas enfermas a las que no se les ha hecho test y personas fallecidas a las que no se les ha practicado la autopsia.
Según ha defendido este martes Salvador Illa, ministro de Sanidad, “España tiene una definición de caso clara, de las más exigentes de Europa”. Así, ha aclarado que “toda persona que ha testado positivamente de coronavirus y fallece es considerada fallecido por coronavirus” y que las comunidades autónomas, están proporcionando los datos “conforme a esta definición”. Por ello, ha asegurado que “no jugamos a engañarnos con los fallecidos”.
Illa defiende que “toda persona que ha testado positivamente de coronavirus y fallece es considerada fallecido por coronavirus”; y Montero, afirma que no temen que el número de fallecidos sea superior
También se expresó en estos términos María Jesús Montero. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha indicado que “no tememos que el número de personas fallecidas con motivo del Covid-19 sea superior al comentado en ningún caso”. Y aunque ha transmitido la “absoluta confianza” del Ejecutivo con “la calidad de los datos” que cada región pasa a Sanidad, ha instado a las consejerías sanitarias ha informar si se produce algún desfase.
A pesar de ello, ha resaltado que “la mayoría de las comunidades autónomas saben que cuando se produce un brote y hay personas en el entorno de ese brote que fallecen por neumonía se apuntan y se registran como pacientes fallecidos por neumonía aunque no tengan definitivamente hecha la PCR”.
¿QUÉ HA PASADO EN CASTILLA-LA MANCHA?
El origen de este posible desfase puede situarse en Castilla-La Mancha. En el mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad dio más de 3.300 permisos de enterramiento, tanto por coronavirus como por otras causas. Según informa Eldiario.es, este tribunal estima que casi un 58 % de estas licencias, unas 1.900, tuvieron como causa confirmada el Covid-19 o la sospecha de muerte por este virus. Sin embargo, las cifras oficiales de marzo sólo confirmaron 708 fallecimientos por Covid-19.
El Ministerio de Justicia ha solicitado a los registros civiles información sobre las licencias de enterramientos tramitadas desde el 14 de marzo, con la causa de las muertes, el lugar, la localidad y la cantidad
Esta diferencia, además, podría extenderse en el resto de comunidades autónomas debido a que han fallecido un gran número de personas en las residencias de ancianos, a los que no se les ha podido practicar una autopsia que aclarara si la muerte se ha debido a la enfermedad del coronavirus. Sobre ello, el ministro de Sanidad no ha respondido sobre qué ocurre con las personas que mueren con los síntomas pero a quienes no se les hace la prueba.
A pesar de ello, el Gobierno ha decidido actuar debido a la polémica generada. Según la Cadena SER, el Ministerio de Justicia ha solicitado de forma urgente a los 4.000 registros civiles de España que informen este mismo miércoles del total de licencias de enterramiento tramitadas desde el 14 de marzo, el día que se aprobó el estado de alarma. En concreto, les han reclamado el número de muertes, la localidad, el lugar del fallecimiento y la causa.
¿QUÉ DICEN LOS PROTOCOLOS?
Desde un primer momento, el Ministerio de Sanidad indicó en un documento consensuado con las comunidades autónomas cuál era el procedimiento de actuación que debía seguirse ante un caso de infección por coronavirus. Según este informe, actualizado el 31 de marzo, “los casos probables y confirmados deben ser comunicados de forma urgente por los servicios asistenciales a los servicios de salud pública de cada CC.AA., que a su vez lo notificarán al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII según se establezca en cada momento”.
El PP ha solicitado una auditoría con datos semanales por provincias y desglosado por rango de edad desde el 1 de marzo
Por su parte, en otro documento sobre el procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19, Sanidad apunta que las autopsias de Covid-19 “se recomienda no realizar por el riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus”. Mientras, indican que para las “autopsias clínicas de pacientes con o sin sintomatología respiratoria e indicación clínica justificada” se recomienda primero realizar test de PCR “para descartar la infección por Covid-19” y se es negativa “se recomienda tomar la decisión de manera consensuada por la dirección del centro”.
EL PP PIDE UNA AUDITORÍA
Ante esta cantidad de dudas, el Grupo Parlamentario Popular ha agilizado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en la que exige al Gobierno una auditoría de la cifra de fallecidos por la pandemia en España. Los populares piden que el informe se realice “por provincias, por rango de edad y con datos semanales desde el 1 de marzo” porque “tener datos fiables es un requisito de calidad democrática”.