El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado recomendaciones a todas las comunidades autónomas para que mejoren la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos.
La institución ha recibido un número considerable de quejas en las que los familiares de los residentes ponen de manifiesto carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros. Asimismo, expresan su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos.
Los familiares expresan su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos
El Defensor del Pueblo, tras el análisis de las quejas recibidas y dados los dramáticos datos de afectados y fallecidos en residencias que se van conociendo, estima preciso incidir en el refuerzo de las medidas de atención sanitaria en los centros y en la atención a otros derechos de las personas que se encuentran confinadas en centros residenciales, postergados frente a la urgencia de proteger la vida.
RECOMENDACIONES
Así, en un escrito dirigido a todas las consejerías autonómicas de Políticas Sociales, la Institución recomienda que se refuerce en los centros residenciales la debida asistencia sanitaria a los enfermos por COVID-19 sin indicación de hospitalización.
Para ello, apunta que debe mejorar la coordinación con las consejerías responsables de la atención sanitaria e insta a que las residencias obtengan el adecuado soporte médico y de Enfermería, al menos mediante la adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el suministro de equipos de protección individual para el personal y la realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del centro.
La institución también considera urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios
La institución también considera urgente que se suplan las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores desde los proveedores de servicios (o, en su defecto, desde la autoridad correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado (higiene, alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.
El Defensor considera necesario mejorar la información que reciben las familias. En esta línea, ha pedido que se adopten las medidas precisas para garantizar la información continua y completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de comunicación directa o telemática.
Para el Defensor también es necesario que se comunique a las familias los traslados de residentes dentro del centro o las derivaciones a otro centro residencial u hospitalario.
La institución ha instado a las CCAA a que permitan que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza
Además, recomienda mantener informado regularmente al representante de la familia de la situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por COVID-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.
Respecto a los derechos de los residentes, la institución ha instado a las CCAA a que permitan que los mayores no contagiados puedan, deforma voluntaria y temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.
Por último, el Defensor ha reclamado que, en los casos de estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la despedida, al menos, a un miembro de la familia. En opinión de la institución, el proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible, cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar. Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención espiritual al residente según sus creencias.