El Defensor del Pueblo ha defendido y reconocido el trabajo realizado por Instituciones Penitenciarias con el fin de frenar los contagios de la Covid-19 en las prisiones españolas. Así lo reconoce en el informe 'Actuaciones ante la pandemia de Covid-19'. Este documento es una ampliación y complemento de la comparecencia que realizó el pasado 26 de noviembre el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ante la Comisión Mixta Congreso y Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
En este trabajo, el Defensor del Pueblo explica que la Organización Mundial de la Salud publicó una guía sobre cómo abordar la Covid-19 dentro de los centros penitenciarios (23 de marzo) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa presentó una Declaración de principios sobre este mismo tema (20 de marzo). El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas también se pronunció al inicio de la pandemia.
En este sentido, el Defensor del Pueblo abogó por la aplicación de las recomendaciones de estos organismos para abordar el problema de la Covid-19 en el medio penitenciario.
El Defensor del Pueblo se interesó por los cambios en la clasificación penitenciaria de personas vulnerables, como mayores de 70 años, mujeres embarazadas o enfermos crónicos
Más en concreto, la institución se interesó por los cambios en la clasificación penitenciaria de personas vulnerables, como mayores de 70 años, mujeres embarazadas o enfermos crónicos, desde que se decretó el estado de alarma y medidas de carácter sanitario adoptadas para proteger a estos grupos. La institución defendió facilitar las progresiones de grado de estas personas.
En esta línea, consideró que se debía impulsar la celebración de juntas de tratamiento telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica.
Además, se interesó por los protocolos de comunicación con las familias para informarles de la situación sanitaria de los internos, siendo fundamental que la información fluyese cotidianamente para prevenir la propagación de noticias falsas (fake news).
Por otra parte, pidió información sobre las medidas adoptadas para la adecuada protección de los funcionarios, la desinfección de centros y la realización de test.
"Es lo cierto que las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior fueron positivas: se tomaron precauciones para impedir o limitar el número de contagios, hubo mucha información en los módulos para concienciar a los internos, se utilizó la videoconferencia para compensar la supresión de visitas presenciales...", reconoce el organismo que preside Francisco Fernández Marugán.
"Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior fueron positivas"
En cuanto a los datos de contagios y fallecidos por la Covid-19, el Defensor del Pueblo asegura que "basta la comparación de estas cifras con lo sucedido en los centros de mayores para concluir la eficacia que, hasta el momento, ha alcanzado la gestión de la pandemia en el ámbito penitenciario".
Por otra parte, según la entidad, son numerosos y muy variados los temas suscitados por internos durante la pandemia a través de sus quejas: carencias en el uso de las mascarillas y otros medios de protección; incidencia en los traslados y en las comunicaciones; suspensión de actividades; restricciones en la entrega de paquetes; medidas de prevención, detección y tratamiento del covid; preocupaciones de familiares; forma de hacer en su momento la llamada "desescalada"; distribución y uso de teléfonos móviles para videoconferencia, cuestión muy importante para compensar la supresión de las visitas.
Así, Fernández Marugán considera que se procuró atender todas estas quejas, "conscientes de la especial vulnerabilidad de los internos y de la extrema preocupación de ellos y sus familias en esta difícil situación".
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CONTAGIOS
Según la última actualización de datos de este jueves, los centros penitenciarios cuentan con un total de 1.064 casos activos entre trabajadores e internos.
Concretamente son 775 las personas privadas de libertad que se encuentran afectadas por la COVID-19, la inmensa mayoría (711) asintomáticas. El acumulado de positivos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 1.665.
En cuanto al número de trabajadores penitenciarios afectados en esa misma fecha era de 289 y el acumulado de positivos se cifra en 1.564.
El total de fallecidos en las prisiones españolas en lo que va de pandemia es de cinco trabajadores penitenciarios y cuatro reclusos.