Italia, Francia y Grecia han aprobado que la vacunación contra la COVID-19 sea obligatoria para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Reino Unido trabaja para hacer que sea un requisito indispensable para todos aquellos profesionales que desempeñen su labor en residencias de ancianos y se encuentra debatiendo si extender la obligatoriedad a todo el personal sanitario. Las decisiones adoptadas por estos países han planteado un debate latente que se ha avivado ante el incremento de los contagios en población vulnerable como consecuencia de la expansión de la variante Delta del SARS-CoV-2 (B.1.617, detectada originalmente en India): ¿debe hacerse obligatoria la vacunación frente a la COVID-19 de todos los profesionales del ámbito de la salud y personal sociosanitario?
La seguridad del paciente es, en última instancia, responsabilidad de las instituciones de atención sanitaria y social, y tienen el deber de emplear únicamente a trabajadores cuya presencia no suponga un riesgo innecesario en términos de daños graves. Esta es la opinión del profesor de Bioética de la Universidad de Oxford y experto en Análisis de Problemas Éticos, Michael Parker, en el debate organizado por The British Medicine Journal.
El experto enfatiza en que el personal sanitario y sociosanitario tiene responsabilidades y debe estar dispuesto a aceptar la vacuna “a la luz de la evidencia de que ayudará a proteger a los pacientes”, señalando que no vacunarse supone además un riesgo para ellos mismos. “Los trabajadores sanitarios cuyo estado no vacunado suponga un riesgo para los pacientes tienen la obligación de aceptar la vacunación”, asevera.
Parker recalca que, aquellos profesionales del ámbito de la salud que se muestren reacios a la inoculación de los sueros y los que, por condiciones médicas no esté indicado, deberían alejarse de la primera línea “de forma inmediata”.
El temor a que el traslado de trabajadores sanitarios que no quieran vacunarse pueda repercutir negativamente en los pacientes por problemas de contratación “no es una justificación para no hacer nada”
En su opinión el temor a que el traslado de trabajadores sanitarios que no quieran vacunarse pueda repercutir negativamente en los pacientes por problemas de contratación “no es una justificación para no hacer nada”. Considera que si no es posible garantizar rápidamente que los pacientes sean atendidos por personal vacunado los empleadores deberían hacer obligatorio que todo el personal de primera línea sin una contraindicación médica sea vacunado.
Helen Bedford, del Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street (Londres) argumenta sobre la vacunación obligatoria que “es un instrumento contundente para abordar un problema complejo”. “No es necesaria ni la forma más efectiva de lograr una alta aceptación y plantea serios problemas éticos sobre la libertad individual de elección”, sostiene.
En el caso del Reino Unido, de acuerdo a los datos ofrecidos por el sistema público de salud (NHS, por sus siglas en inglés) la aceptación de las vacunas entre el personal sanitario y sociosanitario asciende al 90%. Al menos el 87% ha recibido ya al menos una dosis.
“No poder confiar en el trabajador de la salud que me trata o en la persona que me trae la comida genera ansiedad a medida que se expanden las variantes de la COVID-19”
“La vacunación obligatoria puede parecer una solución sencilla que requiere menos recursos que otras intervenciones, pero tiene desventajas. En particular, se corre el riesgo de aumentar la resistencia a la vacunación y dañar la confianza del gobierno y otras instituciones”, advierte Bedford.
Los expertos consideran que es fundamental profundizar y evaluar en las razones que llevan al rechazo de las vacunas mediante un enfoque basado en la escucha activa. Una estrategia que puede ayudar a mejorar la confianza en las vacunas no solo dentro del personal sanitario sino también, en la población general.
Si ponemos el foco en el paciente, la decisión está clara: todo el personal sanitario y sociosanitario debe estar vacunado contra la COVID-19. En el debate que nos ocupa Michael Mittleman se ha sometido a tres trasplantes de riñón debido a una enfermedad renal rara. “No poder confiar en el trabajador de la salud que me trata o en la persona que me trae la comida genera ansiedad a medida que se expanden las variantes de la COVID-19”, argumenta,
Nadar Ahmed, presidenta de la Asociación Nacional de Cuidados de Reino Unido, advierte de que el sector de las residencias de ancianos se encuentra “muy frágil” en términos de contratación de personal. “La suposición más peligrosa es pensar que el personal que se retire será reemplazado fácilmente”, alerta indican que, en caso de que el personal sociosanitario de Reino Unido que todavía no ha recibido la vacuna tuviera que retirarse temporalmente de sus puestos de trabajo, “alrededor del 13% de los servicios de atención serían insostenibles”.