El pulso mantenido durante todo el fin de semana entre el Ministerio de Sanidad, centrado en la figura de Salvador Illa, y del Gobierno de la Comunidad de Madrid en torno a las decisiones que ambos consideran más oportunas para combatir el aumento de casos de Covid-19 en esta región han empujado a otras a pronunciarse al respecto.
La polémica surge el viernes cuando la Comunidad de Madrid anuncia las nuevas zonas básicas de salud que desde este lunes cuentan con restricciones de movilidad y de concentración de personas. Finalmente, fueron ocho las nuevas áreas limitadas. No obstante, el Gobierno central esperaba que se aprobasen restricciones más contundentes en bases a las recomendaciones que hizo el Ministerio de Sanidad un día antes.
Mientras que la Comunidad de Madrid tiene en cuenta una incidencua acumulada en 14 días superior a 1.000 casos, el Gobierno central pide que no superen los 500 casos por 100.000 habitantes
Para la Consejería de Sanidad madrileña, los criterios para restringir la movilidad son tres: una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia estable o creciente de episodios y que sean aptas geográficamente para que sean perimetradas.
Por su parte, desde el Gobierno recomendaron extender dichas restricciones “a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia superior a más de 500 casos”. Además, reclamaban que se prohibiera el consumo en barra y que se restringiera la ocupación de la terrazas a un 50 % “en toda la comunidad autónoma”.
PETICIÓN DE UN INTERTERRITORIAL “URGENTE”
Ante esta disparidad de criterios, Verónica Casado, consejera de Sanidad en Castilla y León, se ha puesto en contacto con los responsables sanitarios de Madrid y de Castilla-La Mancha y posteriormente ha solicitado a Salvador Illa “la convocatoria urgente de Consejo Interterritorial en el que se establezcan criterios comunes a todas las comunidades para determinar la medidas restrictivas precisas”.
Los consejeros de Castilla y León y Andalucía piden "criterios comunes" y una "respuesta homogénea"; Illa asegura que los criterios "son y han sido los mismos" para todas las CC.AA.
También se ha sumado a esta petición Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía, con otra carta dirigida al ministro donde le pide que se definan tanto “los criterios objetivos, científicos y epidemiológicos” como “las medidas más intensas para la contención del coronavirus que deben adoptarse cuando los citados criterios se cumplan”. Reclaman “una respuesta homogénea en todo el territorio nacional” y que esté “coordinada por el Gobierno de España”.
Por su parte, el ministro de Sanidad ha respondido en una entrevista para El Objetivo (La Sexta) que los criterios que se han establecido con la Comunidad de Madrid “son y han sido los mismos” para el resto de comunidades autónomas. Así, ha defendido que las recomendaciones del Gobierno “no son gratuitas” sino que “están basadas en criterios científicos y en nuestra experiencia acumulada”.
¿HAY CRITERIOS?
En todo momento, Salvador Illa apela al ‘Plan de Respuesta Temprana’aprobado de forma conjunta con las comunidades autónomas y que recoge medidas para controlar la pandemia. En el documento, se contemplan distintos escenarios en función del riesgo que supone cada situación epidemiológica y se establecen distintos marcos de intervención según el nivel de amenaza y los indicadores de cada territorio.
El Plan de Respuesta Temprana, aprobado por Sanidad y las CC.AA., detalla los indicadores que se han de tener en cuenta pero no los umbrales de cada uno
Es este el punto clave. El Plan detalla cuáles son los indicadores que se han de tener en cuenta, y son los relativos a la situación epidemiológica, la asistencia sanitaria, la salud pública o la Atención Primaria. Por ejemplo, la incidencia acumulada de casos en los últimos 7 y 14 días, la evolución diaria, el número de reproducción efectiva instantáneo, el número de pruebas PCR realizadas, la proporción de hospitalizaciones y de camas de UCI ocupadas o la media de tiempo que transcurre entre la fecha de consulta y el diagnóstico.
Sin embargo, a pesar de todos estos indicadores de alerta, para cada uno de ellos no se establecen ningún tipo de umbral mínimo o máximo a los que atenerse para aprobar las medidas correspondientes. Por ello, dos meses después de aprobarse, alguna comunidades autónomas quieren fijar esos límites para que las diferentes medidas se tomen de forma homogénea.
En su lugar, el Plan establece que “en base a las señales de alerta temprana detectadas”, el CCAES “realizará una evaluación de riesgo en coordinación con la CC.AA” con el fin de “verificar las señales de alerta” y “evaluar el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión”. Así, se indica que “el resultado de la evaluación determinará la situación de riesgo en la que se encuentra el territorio y determinará cuáles son las medidas necesarias para contenerlo”. Y, como ha ocurrido con la Comunidad de Madrid, se fija que “el Ministerio de Sanidad podrá proponer recomendaciones a cada una de las comunidades autónomas”.