El Ejecutivo central ha aprobado este martes la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4%. Así lo anunció la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y así se ha confirmado según ha informado la propia portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
De esta forma, el Gobierno que preside Pedro Sánchez da finalmente luz verde a una medida reclamada desde hace meses por diferentes formaciones políticas y colectivos sociales con motivo de la incidencia de la pandemia de Covid-19 en España y las consecuencias económicas derivadas de la misma, especialmente sobre las familias más vulnerables.
La Comisión Europea lleva meses afirmando que no abriría procedimiento de infracción a los Estados miembros que lo rebajaran con motivo de la pandemia
Tras la insistencia de varios colectivos, el Ejecutivo central ha decidido ceder y aplicar el tipo reducido a este tipo de material sanitario de protección. Desde Moncloa justificaban su tardanza en la existencia de una directiva europea que impedía esa reducción. No obstante, la propia Comisión Europea lleva meses afirmando que no abriría procedimiento de infraccióna los Estados miembros que lo hicieran con motivo de la pandemia.
En todo caso, María Jesús Montero ha defendido que han esperado a obtener “una respuesta oficial y por escrito de la Comisión Europea” de que no habría sanción a España. Aún así, lo que no ha apuntado la ministra portavoz es que el Gobierno ha esperado varios meses en solicitar esta validación positiva por parte de las instituciones europeas. De hecho, no ha sido así hasta hace unas semanas. Esta rebaja se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
TAMBIÉN REDUCCIÓN DEL PRECIO MÁXIMO
La reducción del IVA a las mascarillas se suma a una nueva regulación del precio máximo, después de ser revisado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Así, de los 0,96 euros anteriores, se pasa a un precio de 0,72 euros el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas. Según publicó este lunes el BOE, se actúa de esta manera debido a la evolución de los precios del mercado.
Montero afirma que con la rebaja del IVA y la reducción del precio máximo, el precio final de las mascarillas quirúrgicas desechables "bajará en torno a un 35%"
En esta línea, la ministra de Hacienda ha confirmado que “a partir de hoy, ya que la entrada en vigor de la reducción del IVA de las mascarillas se hará de forma inmediata, el precio volverá a reducirse”. En concreto, “el precio bajará en torno a un 35%”, según ha resultado. El objetivo de esta medida es “que el precio de este material obligatorio para protegerse de la Covid-19 no sea un impedimento para las familias vulnerables debido a su situación de renta”.
Finalmente, Montero ha confirmado que el Gobierno ha aprobado la prórroga hasta el mes de abril de la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios por parte de hospitales y otros centros sanitarios públicos y privados. La medida, que cuenta con efectos de carácter retroactivo desde el 1 de noviembre, supone que no se incremente el precio en la importación de mascarillas, guantes, gafas, batas impermeables o respiradores.
NO A OTROS PRODUCTOS
Por otra parte, el Gobierno no ha mostrado su disposición a acometer una rebaja del IVA sobre otro tipo de mascarillas o productos como los geleshidroalcohólicos, tal y como han solicitado organizaciones como el Consejo Económico España Salud o el Defensor del Pueblo. Preguntado por ConSalud.es por este asunto, la ministra de Hacienda ha apuntado que la normativa europea sobre el IVA es “estricta y uniforme” lo que deja “reducida o prácticamente nula” la capacidad de los países a modular los tipos.
Sobre ello, Montero ha detallado que aunque ellos lo propusieran, hay productos como los geles que “no son exclusivamente sanitarios o exclusivamente destinados a la lucha contra la Covid-19”. Es por ello, según ha razonado, que “algunos países no los consideran obligatorios” lo que redunda en una “falta de uniformidad” en el marco de la UE, que sería exigible para acometer este tipo de cambios.