La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a Instituciones Penitenciarias que se endurezcan las medidas de seguridad frente a la Covid-19, como consecuencia de los rebrotes.
Según datos recopilados por nuestro sindicato, los casos se han disparado a lo largo de los últimos 15 días, registrándose 611 casos positivos (274 trabajadores y 337 internos) y 1.354 en cuarentena (1.038 presos y 316 trabajadores) en centros penitenciarios toda España, a 27 de enero. Se trata del peor registro de positivos desde que comenzó la pandemia.
La peor situación se da en el Centro Penitenciario de Valencia Antoni Asunción (cárcel de Picassent) (133 internos positivos, 16 trabajadores positivos y 473 casos en cuarentena sobre una población de 1.900), pero también destacan los centros en las provincias de Teruel, Palencia, Murcia, Lleida, León, Asturias, Cádiz, Granada o Sevilla.
NUEVAS MEDIDAS EN PICASSENT
En este centro penitenciario, en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha dispuesto nuevas medidas: se han suspendido todas las comunicaciones, ordinarias y especiales; todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor, situación de necesidad, por razones judiciales o sanitarias imprescindibles; se suspenden también los talleres productivos y solo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, y al personal extra penitenciario cuya labor sea indispensable.
Según ha informado Instituciones Penitenciarias, estas disposiciones se toman tras el cribado realizado a los internos del centro penitenciario y ante la situación epidemiológica de la provincia valenciana. Actualmente en Picassent hay 133 casos positivos, la inmensa mayoría asintomáticos, entre una población que se sitúa en 1910 internos. Algunos casos presentan sintomatología leve aunque no hay ninguna persona ingresada en hospital. El número de internos confinados en celda, como marca el protocolo sanitario, es de 473.
En cuanto al número de trabajadores, 16 funcionarios se encuentran con una PCR positiva y 6 se encuentran en aislamiento. Habría que sumar otros 6 pertenecientes al Centro de Inserción Social. El número de empleados en cuarentena asciende a 27.
Las medidas se adoptan para evitar la expansión del brote que ahora afecta a la prisión, con 133 positivos, la inmensa mayoría asintomáticos y ningún hospitalizado
Para paliar esta restricción de las comunicaciones y permisos de las personas que se encuentran en prisión, se ampliará el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, y se potenciará el uso de videollamadas.
A pesar de facilidad de controlar los brotes detectados en centros penitenciarios por la disponibilidad de plazas para realizar las cuarentenas y aislamientos sanitarios, estas decisiones se toman con el objetivo de proteger la salud de todos los empleados penitenciarios así como la de los internos e internas, considerados colectivo vulnerable.
Las medidas adoptadas se enmarcan en la Orden Ministerial INT/407/2020 de 12 de mayo, en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias “si la situación epidemiológica así lo aconseja”.
SITUACIÓN EN OTROS CENTROS
Con relación al Centro Penitenciario de Alicante II (Villena), hay 45 internos positivos, 28 nuevos casos tras búsqueda activa. Todos asintomáticos. El número total de internos confinados sanitariamente con carácter preventivo en celda son 140. El número de funcionarios de este centro que actualmente se encuentran de baja por ser positivos asciende a 7.
CSIF recuerda que en los centros penitenciarios conviven personas con sistemas inmunitarios muy debilitados, con mayor riesgo de enfermar gravemente por el virus. Además, los centros son espacios cerrados donde las personas viven en condiciones de proximidad por periodos prolongados de tiempo, favoreciendo la infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas. Por tanto, el riesgo de contagio en nuestro ámbito es más alto que el de la población general.
Por otra parte, los profesionales penitenciarios pertenecen a la categoría de personal esencial, realizando su trabajo presencialmente y en espacios cerrados y son necesarios para el mantenimiento del eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas