El pasado 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta de emergencia internacional con motivo de la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19.
De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Sanidad Pública, la gestión de este tipo de alertas procedentes de la Unión Europea (UE) o de la OMS, son competencia directa y automática del Ministerio de Sanidad.
Días más tarde, concretamente el 3 y el 11 de febrero, la OMS volvió a instar a los países, ante el avance del virus, a la compra de equipamiento necesario para hacer frente al SARS-CoV-2 y estar preparados ante la posibilidad cada vez más real de que el escenario de China se replicase en el resto del mundo. El Ministerio de Sanidad desoyó nuevamente las recomendaciones.
Una actitud que el Ministerio de Sanidad mantuvo dos días después tras el llamamiento realizado por la Unión Europea al acopio de recursos y materiales sanitarios para evitar posibles desabastecimientos. La respuesta de Salvador Illa, ministro de Sanidad, fue contundente el 13 de febrero: “España tiene suficiente suministro y equipos personales de emergencia en este momento”.
"Tenemos un Sistema Nacional de Salud muy potente, robusto, con grandes profesionales y estamos preparados para hacer frente a la situación"
Declaraba además que “tenemos un Sistema Nacional de Salud muy potente, robusto, con grandes profesionales y estamos preparados para hacer frente a la situación”.
El titular de Sanidad defendía que “no hay razón de salud pública que impida la celebración de eventos de este tipo”, en referencia al Mobile World Congress y que “si fuera necesario poner en marcha otras medidas, las tomaríamos en base al criterio de los expertos y al seguimiento diario que estamos haciendo”.
PRIMEROS CASOS EN ESPAÑA
El 1 de febrero, España confirmaba su primer caso de COVID-19 en un turista alemán en La Gomera. Nueve días después se detectaba el segundo caso. De nuevo, un turista, pero en este caso británico que se encontraba en Mallorca.
El 24 de febrero un turista italiano en Tenerife se convertía en el tercer caso positivo. Menos de 24 horas después se detectaba un cuarto positivo en Cataluña. Hasta el momento, todos importados. Una situación que cambió drásticamente con el quinto contagiado: un hombre de 62 años en Sevilla se convertía en el primer contagio local en territorio español el 27 de febrero.
El mismo 27 de febrero el número de casos en España se elevó a 15 y España mantenía el escenario de contención en el nivel 1.
LA DECLARACIÓN DE LA PANDEMIA
En los primeros días de marzo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalaba en sus ruedas de prensa diarias que el virus ya había penetrado en más de un centenar de países y se había superado la barrera de los 100.000 contagiados en todo el mundo. Unas declaraciones efectuadas el 9 de marzo.
Apenas 48 horas después, la OMS anunciaba que el virus ya reportaba casos e 114 países y el número global de contagiados superaba los 118.000. La pandemia quedaba declarada el 11 de marzo de 2020.
PRIMERAS MUERTES EN ESPAÑA
El 3 de marzo se conocía el primer fallecido con coronavirus en nuestro país (Comuidad Valenciana). Una muerte calificada en origen como causada por una neumonía pero que fue relacionada con el coronavirus semanas más tarde después de que el Ministerio de Sanidad solicitase la realización de las pruebas a todos los decesos provocados por neumonías graves. El fallecimiento se había producido el 13 de febrero.
La segunda muerte con coronavirus se producía el 4 de marzo en País Vasco. El 6 de marzo España ya sumaba cuatro decesos con coronavirus, el último un anciano de 76 años que se había contagiado en el Centro Municipal de Mayores de Valdemoro donde se detectaron otros 19 positivos.
El titular de Sanidad aseguraba que España “está actuando de acuerdo a los criterios y recomendaciones internacionales, con una máxima coordinación con las instituciones europeas, la OMS y las Comunidades Autónomas”
El número de contagiados en toda España superaba ya, a 6 de marzo, los 280 casos. Ese día España llegó a sumar cinco fallecidos y más de 345 casos positivos. Una jornada en la que Illa participaba en una nueva sesión extraordinaria del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en la que se daban cita todos los ministros de Sanidad de los Estados miembros.
El titular de Sanidad aseguraba que España “está actuando de acuerdo a los criterios y recomendaciones internacionales, con una máxima coordinación con las instituciones europeas, la OMS y las Comunidades Autónomas”.
LOS GRANDES ERRORES DEL GOBIERNO
Fue en esta reunión cuando Illa precisó que eran “especialmente necesarias”, iniciativas que “garanticen la disponibilidad de los recursos para hacer frente al COVID-19, como los procedimientos de compra conjunta” (un mes después de las recomendaciones efectuadas por la OMS y la UE y que fueron desoídas). Además, instaba a sus homólogos europeos a “no subestimar el riesgo” que suponía la evolución del virus.
A pesar de este escenario, España continuó sin suspender actos públicos como las manifestaciones del 8 de marzo (en cuya cabecera había dos ministras que más tarde darían positivo), conciertos o partidos de fútbol como el que enfrentó en Italia al Valencia con el Atalanta en Milán, uno de los focos de contagio en Italia, y que días más tarde se convertiría en el foco de numerosos nuevos contagios en la Comunidad Valenciana.
Hechos irresponsables por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, por el Ministerio de Sanidad. La situación en España comenzó a desbordarse. El Ministerio de Sanidad inició una compra a la desesperada en el mercado chino de test de diagnóstico rápido.
El Ministerio de Sanidad inició una compra a la desesperada en el mercado chino de test de diagnóstico rápido
Tras anunciar una compra de más de 640.000 test, poco después tras los análisis de calidad efectuados por el propio Ministerio y varios laboratorios de hospitales, se informaba que un lote de 9.000 resultó fallido. Una cifra que más tarde superaba los 50.000 y acabó obligando a Sanidad a devolver miles de test.
La razón residía en que la sensibilidad de estos test para la detección del virus apenas alcanzaba el 30% cuando los requerimientos ante la COVID-19 son del 80%. La compra se realizó a través de una empresa nacional que los adquiría en China.
Una compra que apunta en un principio, directamente a la directora general de la Cartera Básica y Farmacia, Patricia Lacruz y a la que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, remitió en una rueda de prensa para que aclarase la situación de la compra de los test fallidos.
"Todos los pedidos se realizan a empresas, en este caso fabricantes, distribuidores, intermediarios, empresas que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para adquirir cualquier producto para hacer frente a la infección del Covid-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de otros países", respondía Lacruz.
Una respuesta a todas luces insuficiente y nada aclaratoria de uno de los grandes errores del Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria.