El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón; se han convertido en nombres y rostros más que habituales como consecuencia de la crisis que atraviesa España ante la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
Desde la aparición de los primeros casos dentro de nuestras fronteras, el Ejecutivo de Sánchez, se ha esforzado por ofrecer una imagen de transparencia y comunicación continua sobre el estado del país en relación a los datos epidemiológicos. Durante semanas, día tras día, hemos asistido a las ruedas de prensa en las que Fernando Simón, acompañado por el Comité Técnico, informaba al conjunto de los españoles sobre las cifras de contagiados, fallecidos y recuperados.
Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en varias ocasiones para anunciar decisiones como la aplicación y sucesivas prórrogas del Estado de Alarma y prácticamente la totalidad de sus ministros han desfilado para informar sobre las medidas adoptadas para afrontar la crisis atendiendo a sus distintas competencias. 
Y estas se siguen sucediendo en la actualidad, aunque con una frecuencia cada vez más espaciada en el tiempo marcada por el ritmo descendente de la ya famosa curva epidemiológica.
Numerosas han sido las Comisiones de Sanidad (también se han celebrado otras en materia Economía o Ciencia) en las que Illa ha intentado rendir cuentas de su gestión ante los distintos grupos parlamentarios, al igual que Sánchez en las sesiones de control a su Ejecutivo.
¿De qué sirven decenas de ruedas de prensa y comparecencias públicas durante semanas si estás únicamente responden a una puesta en escena premeditada en la que la información que se ofrece ya está determinada desde antes de su celebración?
La fotografía planteada en estas líneas refleja la imagen que la estrategia de comunicación gubernamental ha intentado transmitir desde que la Covid-19 se adentrase en nuestras fronteras: transparencia en la gestión, comunicación diaria sobre todos y cada uno de los pasos dados para combatir la pandemia e interlocución con el resto de fuerzas políticas y agentes implicados en la crisis. Nada más lejos de la realidad.
¿De qué sirven decenas de ruedas de prensa y comparecencias públicas durante semanas si estás únicamente responden a una puesta en escena premeditada en la que la información que se ofrece ya está determinada desde antes de su celebración?
LAS MODIFICACIONES DE LAS RUEDAS DE PRENSA
Estas ruedas de prensa se celebran de forma telemática y su estructura se ha ido modificando. En origen, las preguntas formuladas por los periodistas llegaban a través de plataformas como Telegram y WhatsApp y pasaban el filtro de la Secretaría de Comunicación, bajo el mando de Miguel Ángel Oliver. El secretario de Estado de Comunicación decidía las que trasladaba al compareciente de turno.
Un sistema que poco tardo en ser criticado por los medios de comunicación que acusaron al Gobierno de censura. Más de 500 periodistas firmaron un manifiesto (La libertad de preguntar) para exigir al Ejecutivo un cambio en el sistema ante lo que el texto calificaba como “una absoluta falta de transparencia y un interés por controlar la información. Es una nueva forma de censura a los medios”.
“Una absoluta falta de transparencia y un interés por controlar la información. Es una nueva forma de censura a los medios”
Ante las quejas el sistema fue modificado al que todos conocemos actualmente, aunque ha perdido la participación recientemente de los miembros del Comité Técnico. Una decisión que se tomaba precisamente después de las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad en la persecución de noticias falsas y bulos para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.
MASCARILLAS Y TEST: VERDADES A MEDIAS
El Gobierno no está cumpliendo en términos de transparencia en esta crisis del coronavirus. En la memoria de todos se encuentran algunos de los grandes errores de gestión como fueron la adquisición de miles de test fallidos o los lotes de mascarillas defectuosas que pusieron en riesgo a nuestros profesionales sanitarios.
Dos asuntos sobre los que existe un halo de falta de transparencia desde que se conocieron. El problema de los test ha sido arrastrado por el Ejecutivo durante varios días como resultado de unas explicaciones ofrecidas con cuentagotas y sin concreción. Sin nombres a los que poder responsabilizar como parte de una estrategia en la que ha imperado el echar balones hacia fuera.
En el caso de los test, conocíamos la noticia el pasado 26 de marzo. Desde ese momento se inició un cruce de acusaciones entre el Gobierno español y el chino. El 27 de marzo Moncloa informaba que los test fallidos habían sido comprados a un proveedor nacional, cuyo nombre no revelaron, que contaba con el certificado europeo.
No fue hasta el 22 de abril y gracias a la labor de investigación de los medios de comunicación, cuando conocimos por fin el nombre del proveedor
Un día después la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, ofrecía una suerte de respuesta que, lejos de aclarar la situación, únicamente generó más dudas.
No fue hasta el 22 de abril y gracias a la labor de investigación de los medios de comunicación, cuando conocimos por fin el nombre del proveedor.
En el caso de las miles de mascarillas defectuosas Sanidad aseguró que el fabricante “forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y todos los productos suministrados cuentan con el preceptivo marcado CE”. La tardanza en su retirada se tradujo en cuarentenas para muchas plantillas de trabajadores sanitarios ya mermadas por el impacto del virus y contagios.
VULNERACIÓN DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA
El nuevo capítulo sobre la falta de transparencia del Ejecutivo central ha comenzado a escribirse con la puesta en marcha del Plan de Desescalada. Para poder decidir cuáles son las provincias e islas que pasan de fase, Sanidad está asesorada por un grupo de expertos cuyo criterio es un factor decisivo que determina el futuro de millones de españoles.
Sus nombres, a día de hoy, continúan siendo una incógnita. En varias de las ruedas de prensa con las que abríamos estas líneas tanto el ministro de Sanidad como el director del CCAES han sido preguntados por sus nombres.
La única respuesta recibida ha sido laimposibilidad de revelar sus nombres para evitar que sean sometidos a presiones. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero manifestaba el pasado 8 de mayo que se trataba de “funcionarios habituales, miembros del CCAES”.
"Son ellos quienes formulan los informes para que el ministro de Sanidad dicte la orden que salga publicada en el BOE”, aseguraba.
Vulneran la Ley de Salud Pública. De acuerdo a esta normativa el Gobierno está obligado a informar de las personas que formen parte de este tipo de organismos de decisión
Respuestas insuficientes y, lo más preocupante: vulneran la Ley de Salud Pública. De acuerdo a esta normativa el Gobierno está obligado a informar de las personas que formen parte de este tipo de organismos de decisión.
Pero estos no son los únicos nombres que no quieren revelarse desde Moncloa. El ministro de Sanidad tampoco ha hecho públicos los nombres de los expertos que asesoran a su ministerio en las compras de materiales. Algunas de estas adquisiciones han sido duramente cuestionadas y criticadas debido a su alto coste en el mercado internacional en vez de apostar por el ámbito nacional.
El Ministerio de Sanidad, tras reiteradas negativas, únicamente ha asegurado que este grupo de supuestos expertos está formado por “trabajadores públicos”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha solicitado al Ministerio de Sanidad que justifique los motivos por los que no revela los nombres de los técnicos responsables de la evaluación de las propuestas de las comunidades autónomas.
En cuanto a los criterios de desescalada, la primera semana podría definirse como opaca y con agravios comparativos según las propias comunidades autónomas. Un sentimiento que nace de los factores que deciden el progreso o no de un territorio a la siguiente base.
Estos constarían de 16 ítems más “todos los demás protocolos y procedimientos relacionados con la gestión de la epidemia”, en palabras del presidente del Gobierno. El resultado de las primeras decisiones no ha gustado a muchas regiones, especialmente porque no se han hecho públicos los resultados de los exámenes y no se conoce quiénes son los expertos que deciden.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha solicitado al Ministerio de Sanidad que justifique los motivos por los que no revela los nombres de los técnicos responsables de la evaluación de las propuestas
El organismo independiente asegura que, de no hacerlo, no solo se vulnera la citada Ley sino también la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
MALESTAR ENTRE LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS
El Ejecutivo central ha reiterado hasta la saciedad la necesidad de contar con la colaboración de todas las comunidades autónomas en esta crisis. Especialmente en las sucesivas fases de desescalada.
Muchos han sido los presidentes autonómicos que han mostrado su malestar ante el hecho de que Sánchez anuncie sus decisiones en ruedas de prensa los sábados y se enteren por televisión de unos movimientos que a ellos les traslada de forma telemática al día siguiente. Una situación que se ha repetido en varias ocasiones y por la que son cada vez más las comunidades autónomas las que consideran que sus propuestas e ideas no son escuchadas desde Moncloa.
¿CUÁL ES LA CIFRA DE FALLECIDOS EN RESIDENCIAS?
El pasado 17 de abril Illa anunciaba que los datos sobre los decesos producidos como consecuencia del virus en residencias de ancianos ya habían sido remitidos a Sanidad por parte de las comunidades autónomas.
La realización de ruedas de prensa diarias no garantiza que la transparencia del Gobierno sea completa
"Están siendo analizados por los técnicos expertos y se darán a conocer a la menor brevedad posible", fue la respuesta del ministro. A día de hoy seguimos sin conocer la cifra concreta. Como sucede de igual forma con el número de profesionales sanitarios que, en muchas de las ruedas de prensa ofrecidas por el director del CCAES, conocemos este dato gracias a las preguntas formuladas por los medios de comunicación que instan al Gobierno a que comparta el dato.
La realización de ruedas de prensa diarias no garantiza que la transparencia del Gobierno sea completa. Y más si tenemos en cuenta que muchas de las cuestiones planteadas por los medios cuyo origen reside precisamente en el carácter vago y falta de concreción de los contenidos ofrecidos en las mismas, no son resueltas como se ha explicado a lo largo de estas líneas.
Son más las sombras que las luces en este camino en el que los silencios, las medias verdades y las ambigüedades como recurso para ganar tiempo colman la paciencia colectiva de una sociedad que necesita respuestas.