En las últimas semanas han aumentado las voces que abogan por que los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 liberen las patentes de sus sueros para que estos puedan fabricarse a gran escala y se permita de esta forma un mejor acceso por parte de todos los países. El pasado 5 de mayo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, apoyaba la propuesta de suspender la propiedad intelectual de las vacunas que varios países habían presentado de forma conjunta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Horas después la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen declaraba que la Unión Europea estaba dispuesta a discutir cualquier propuesta que sea útil para hacer frente a la pandemia. Países como Rusia o India se muestran claramente a favor confiando en que la liberalización de las patentes es parte fundamental de la solución a la crisis sanitaria. El debate está abierto y la pregunta que está en el aire es clara: ¿realmente sería eficaz la exención de las patentes de las vacunas desarrolladas contra la Covid-19?
Hasta el referido 5 de mayo Estados Unidos y otras naciones con elevados ingresos como Alemania, Japón, Suiza o Reino Unido se mostraban contrarios a la propuesta formulada de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas presentada por India ante la OMC. El cambio de postura de estos países (salvo las reticencias de Alemania), especialmente por parte de Estados Unidos, fue recibido con buenos ojos por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Estamos en un importante momento en la lucha contra la Covid-19”.
Las patentes conceden un derecho exclusivo durante 20 años a su titular lo que impide que otros fabriquen o comercialicen el objeto de dicha patente sin su consentimiento. Las patentes reconocen la labor de una empresa a la hora de generar soluciones innovadoras como es el caso de las vacunas contra la Covid-19.
Las estimaciones realizadas por la OMS el 5 de mayo indican que el 80% de los más de 1.100 millones de dosis de las vacunas contra la Covid-19 administradas se habían inoculado en países de altos ingresos y medianos ingresos. Solo el 0,3% se inyectaba en países de bajos ingresos. En este sentido Michele Heisler, directora médica de Physicians for Human Rights y profesora de Salud Pública y Medicina Interna en la Universidad de Michigan explica en British Journal Medicine que “las grandes desigualdades actuales de las vacunas en todo el mundo son inaceptables, innecesarias y peligrosas dado el surgimiento de nuevas variantes”.
OPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
El cambio de postura de Estados Unidos y el movimiento favorable al debate de la Unión Europea no han gustado a la industria farmacéutica. A través de un comunicado la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos argumentaba que la exención de las patentes no es la respuesta a la crisis sanitaria que estamos viviendo. “Es probable que conduzca a una interrupción al mismo tiempo que distrae del abordaje de los desafíos reales en la ampliación de la producción y distribución de vacunas Covid-19 a nivel mundial, es decir, la eliminación de las barreras comerciales, abordar cuellos de botella en las cadenas de suministro y la escasez de materias primas e ingredientes en la cadena de suministro; así como la voluntad de los países ricos de comenzar a compartir sus dosis con los pobres”.
Las estimaciones realizadas por la OMS el 5 de mayo indican que el 80% de los más de 1.100 millones de dosis de las vacunas contra la Covid-19 administradas se habían inoculado en países de altos ingresos y medianos ingresos. Solo el 0,3% se inyectaba en países de bajos ingresos
“El solo hecho de entregar a los gobiernos un recetario sin los ingredientes, los mecanismos de seguridad, la infraestructura y una fuerza laboral considerable con las altas habilidades necesarias para el desarrollo de vacunas eficaces y seguras no supondrá ninguna ayuda para aquellos que más lo necesitan”, advierte por su parte Steve Bates, director ejecutivo de la Asociación de Bioindustria de Reino Unido.
La OMC no ha aprobado por el momento esta propuesta, pero en caso de hacerlo, los expertos consideran que como pronto sería una realidad que se materializaría en 2022. Un plazo demasiado largo por lo que es fundamental que se siga trabajando en solucionar los problemas expuestos para que la fabricación y suministro actuales de las vacunas pueda acelerarse.
"El problema actual es que las empresas que han patentado las vacunas no están cumpliendo con los acuerdos de entrega de las dosis acordadas y no están cumpliendo con la producción prometida, lo que provoca retrasos en la posibilidad de vacunar y en la lucha contra la pandemia", recalca el médico Oriol Yuguero, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y experto en bioética.
PROBLEMAS LOGÍSTICOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA
Los más críticos con la propuesta centrada en la liberalización de las patentes ponen en duda que los países con menos recursos económicos sean capaces de contar con la infraestructura, la tecnología y las materias primas necesarias para fabricar las vacunas contra la Covid-19. Muchos países tendrían que empezar prácticamente desde cero por lo que muchos expertos consideran que de nada les serviría contar con la fórmula de las vacunas ya que tardarán demasiado tiempo en poner en marcha toda la maquinaría que implica. Y, una vez que se lograse, aún se necesitaría más tiempo para que las cadenas de fabricación y distribución alcanzasen ritmos adecuados.
"El problema actual es que las empresas que han patentado las vacunas no están cumpliendo con los acuerdos de entrega de las dosis acordadas y no están cumpliendo con la producción prometida, lo que provoca retrasos en la posibilidad de vacunar y en la lucha contra la pandemia"
“No se puede pretender este tipo de expansión capacidad renunciando a las patentes y esperar que fábricas de todo el mundo se dediquen por completo a la fabricación de vacunas”, asevera en British Journal MedicineNathalie Moll, directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. “La exención presenta el riesgo de desviar las materias primas y los suministros de las cadenas eficaces y bien establecidas hacia zonas donde la fabricación será menos eficiente y en las que tanto la productividad como la calidad pueden ser un problema. Se abre la puerta a vacunas falsificadas que podrían llegar a estar presentes en las cadenas de suministro globales”.
Las alternativas a la exención pasan por aumentar significativamente la producción de vacunas mediante la construcción de más fábricas y destinar varios miles de millones de dosis a los países más pobres para que puedan acelerar sus programas de vacunación. Una ecuación a la que se suma el problema de la distribución lo que implica más inversión para mejorar las cadenas de suministro y capacidades de almacenamiento de las vacunas.
“La exención presenta el riesgo de desviar las materias primas y los suministros de las cadenas eficaces y bien establecidas hacia zonas donde la fabricación será menos eficiente y en las que tanto la productividad como la calidad pueden ser un problema. Se abre la puerta a vacunas falsificadas"
Motivos por los que los defensores de la liberalización de propiedad intelectual de las patentes defienden que no se trata únicamente de que los países de mayores ingresos fabriquen y suministren más vacunas, puesto que están al máximo de su capacidad dadas las condiciones y obstáculos actuales. Ante esta fotografía se debe hacer uso de toda capacidad de fabricación existente o potencial a nivel global que pueda traducirse en un aumento del suministro mundial de las vacunas.
HAY QUE BUSCAR SOLUCIONES GLOBALES
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que una parte importante de los fondos destinados a la investigación y desarrollo de estas vacunas contra la Covid-19 se han financiado con recursos públicos. "Hay que tener esta cuestión muy en cuenta porque debería haber un retorno y una participación finalmente en los derechos de propiedad intelectual o al menos en los beneficios que surgen de esta financiación pública", expresa Fabiola Leyton, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experta en bioética.
Es muy importante señalar, para aquellos que consideran una materialización de la propuesta de exención de las patentes el apocalipsis de la industria farmacéutica global tal y como la conocemos que se trataría de una cesión temporal que responde a la extraordinaria crisis sanitaria.
Las instituciones reguladoras y los estados deben trabajar para lograr un acuerdo para diseñar otros escenarios en los que la liberación de las patentes no suponga un freno al desarrollo e investigación de nuevos fármacos. Y, de este modo, poner en marcha mecanismos de compensación para estimular la innovación y el desarrollo de nuevos fármacos cuando pase esta pandemia o para futuras situaciones, explican expertos de la UOC.
"Debemos empezar a tener esa visión de intentar poner soluciones que sean globales. No podemos pretender controlar esta pandemia mientras tengamos países en vías de desarrollo que no puedan vacunar a su población, una situación que pondrá en riesgo el control de la infección. Debemos al servicio público este conocimiento para que se pueda hacer la producción de la vacuna y aumentarla", concluye Oriol Yuguero, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y experto en bioética.