El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) ha registrado varias iniciativas parlamentarias. Guillermo Díaz Gómez y María Muñoz Vidal, diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, han presentado una pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las acciones del Gobierno para reducir el coste y facilitar el acceso a las pruebas de detección del SARS-CoV-2.
En los últimos días en ciertos ámbitos políticos y mediáticos ha ido cobrando fuerza el debate sobre la pertinencia de exigir el Certificado COVID Digital (que pruebe la vacunación o, alternativamente, un test con resultado negativo) para poder acceder a establecimientos hosteleros o realizar ciertas actividades, aduciendo aumentaría los incentivos para la vacunación. “En España, afortunadamente, los ciudadanos están dando una lección de responsabilidad al vacunarse masivamente y medidas de estas características, a día de hoy, no parecen necesarias”, plantean.
“En cualquier caso, es evidente que nos encontramos ante una situación en la que las pruebas de detección del SARS-CoV-2, tanto test PCR como test de antígenos, que ya son necesarias para determinados desplazamientos nacionales e internacionales, puedan ser requeridas también para un número cada vez mayor de actividades, lo que plantea un enorme reto de equidad para que la ciudadanía pueda disfrutar de forma efectiva de sus derechos y libertades fundamentales en igualdad”, señalan.
“En España, afortunadamente, los ciudadanos están dando una lección de responsabilidad al vacunarse masivamente y medidas de estas características, a día de hoy, no parecen necesarias”
Valorando positivamente la aceptación de las vacunas entre la población aseguran que, “quien aún no se ha podido vacunar se debe más a los inevitables límites de capacidad de administración de vacunas del sistema sanitario que a falta de voluntad de los ciudadanos. En ese contexto, impedir realizar ciertas actividades a ciudadanos que no están vacunados por razones no imputables a ellos mismos, por ejemplo, por pertenecer a grupos etarios más jóvenes, puede rápidamente devenir una medida injusta si no se toman medidas compensatorias”.
Edmundo Bal Francés y Guillermo Díaz Gómez, diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, han presentado otra pregunta focalizada en la reciente adquisición de vacunas de Pfizer-BioNTech.
“El Gobierno ha anunciado recientemente la compra de 3,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para acelerar el proceso de vacunación en agosto. Se trata de una adquisición extraordinaria, no cubierta en la planificación de compras previstas en los planes del Gobierno que, según fuentes del propio Ejecutivo, tiene como fin poder alcanzar los objetivos fijados para el mes de agosto”, exponen.
“Lo repentino del anuncio de la adquisición y el hecho de que no formara parte de la planificación original del suministro de vacunas, sin embargo, puede generar algunas cuestiones sobre el procedimiento seguido para esta compra y la consecución de los objetivos previstos. En un contexto donde es imprescindible que la ciudadanía tenga confianza plena en el proceso de vacunación, la transparencia en la contratación y adquisición de vacunas deviene fundamental para despejar cualquier tipo de dudas”, concluyen.