CESM lleva al Ministerio de Sanidad ante el Tribunal Supremo por la prórroga de los MIR

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presenta medidas cautelarísimas contra la Orden que retrasa las evaluaciones de residentes

CS
10 abril 2020 | 13:30 h
Tomás Toranzo y Gabriel Del Pozo, presidente y secretario general de CESM. (Foto. CESM)
Tomás Toranzo y Gabriel Del Pozo, presidente y secretario general de CESM. (Foto. CESM)

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, además de solicitud de medidas cautelarísimas para intentar paralizar la Orden SND 319/2020, de prórroga del MIR y, por tanto - asegura el sindicato- que impide que se hagan las evaluaciones en los plazos previstos.

Por otro lado, la confederación sindical insta al Ministerio de Sanidad a que retire la citada orden y puedan cumplirse los plazos que establece la ley para hacerse las evaluaciones, tanto anuales como finales y, en este último caso, se pueda proceder a la concesión del título de especialista a los residentes que hayan superado el período de formación y, así, a partir de ese momento, puedan ser contratados como tales.

El Tribunal Supremo se pronunciará al respecto como muy tarde el próximo 15 de abril

La aceptación o rechazo de las medidas cautelarísimas por la Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, se deberá producir como muy tarde el próximo miércoles, día 15 de abril. En caso de ser aceptadas, el Ministerio debería iniciar todo el procedimiento de evaluación en los plazos previstos o recurrirlas. Por el contrario, si no se aceptasen las cautelarísimas, la organización sindical indica que seguirán por el procedimiento ordinario.

En cualquier caso, y en paralelo, CESM está redoblando sus acciones para conseguir que el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás en su "errónea decisión" de prorrogar todos los contratos del personal en formación y suspender sine die todas la evaluaciones, utilizando argumentos tan peregrinos como la dificultad de hacer las evaluaciones o la necesidad de “militarizar” a todo el personal en formación para utilizarlo como mano de obra al margen de su condición de personal en formación.

"Esto lo consideramos todo un despropósito, además de una ilegalidad, a lo que nos hemos opuesto toda la profesión y la gran mayoría de los servicios de salud, incluidos  los propios afectados en los que el malestar y la tensión es creciente y de imprevisibles consecuencias", señala el sindicato en un comunicado.

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