El 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el estado de alarma para combatir la transmisión del Covid-19. Desde entonces, tuvo lugar un confinamiento estricto de la población y Salvador Illa, exministro de Sanidad, fue nombrado autoridad competente delegada para gestionar la pandemia. De esta forma, aunque la gestión sanitaria la seguían ejerciendo las comunidades autónomas, Illa asumía un mando único.
Sin embargo, ya antes de que se llevase a cabo esta centralización del Sistema Nacional de Salud, había voces autonómicas que reclamaban al Gobierno actuaciones “comunes” para hacer frente a la propagación del coronavirus que cada vez era mayor. Así lo ha revelado20 Minutos, atendiendo a las actas del pleno del ConsejoInterterritorial del SNS que tuvo lugar el 1 de marzo de 2020.
En dicho pleno, varios consejeros de Sanidad mostraban su preocupación sobre la situación epidemiológica, ya que la mayoría de ellas sumaban ya un importante número de casos diarios de Covid-19. Asimismo, expresaban inquietud por la posible saturación del SNS y reclamaban en este sentido “decisiones a nivel nacional” con el objetivo de que hubiera una mayor coordinación.
Las comunidades autónomas reclamaban instrucciones "claras" y "explícitas" de cara a los futuros escenarios que se abriesen; además, exigían "protocolos comunes"
Como casos concretos, Galicia reclamaba una mayor “claridad” de cara a medidas futuras ante el temor a un colapso del sistema sanitario o Andalucía, que pedía decisiones “a nivel nacional”. También desde La Rioja exigían instrucciones “explícitas” para no tener dudas de cómo actuar en función de los escenarios que se abriesen.
Las preocupaciones entre los consejeros sanitarios también eran comunes. Por ejemplo, desde Cantabria, Aragón, Baleares o Cataluña mostraban interés por cómo podía afectar la pandemia en el ámbito educativo. Inquietaban la llegada de alumnos españoles que estaban estudiando en el extranjero y los propios alumnos y profesores de los centros en España. Así, las autonomías pedían una postura “común” y protocolos “consensuados”.
Por su parte, SalvadorIlla manifestaba la “sensibilidad” que mostraba el Ministerio ante el posible cierre de colegios e institutos. Sobre esta medida concreta anunció que enviaría una “recomendación” para que las autonomías tuviesen “una pauta de actuación común”. Al mismo tiempo, informó sobre el departamento sanitario trabajaba ya en el “refuerzo de la compra centralizada” de material de protección.
ACTAS APROBADAS RECIENTEMENTE
Casi dos años después del primer estado de alarma, el Consejo Interterritorial aprobó finalmente el pasado diciembre las más de 100 actas pendientes de los plenos que se celebraron de forma extraordinaria durante toda la pandemia de Covid-19. Estos documentos salieron adelante gracias a la aprobación de la mayoría de comunidades autónomas, aunque tres se abstuvieron y una, la Comunidad de Madrid, votó en contra.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, manifestó en su momento que “se han recibido 50 aportaciones a 45 actas”, de las cuáles "se han recogido la práctica totalidad o casi todas las aportaciones de las comunidades autónomas”. Sin embargo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,Enrique Ruiz Escudero, las rechazó al considerar que “omiten partes fundamentales de los plenos, incluidas las propuestas de algunas comunidades autónomas e incluso del propio Ministerio”.