El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado tras su participación en la decimocuarta videoconferencia de presidentes autonómicos, que la Comunidad contará con un plan postalarma para garantizar la seguridad sanitaria a partir del próximo 21 de junio, cuando está previsto que finalice el Estado de Alarma.
Fernández Mañueco ha asegurado que Castilla y León estará preparada para continuar la desescalada después del 21 junio, con un plan para proteger a las personas, para combatir la pandemia y para responder ante cualquier situación, con protocolos ante posibles rebrotes.
Según ha explicado, un comité de expertos jurídico y sanitario está trabajando ya para preparar las resoluciones que permitan actuar a partir de la normativa sanitaria y de protección civil, puesto que será esencial mantener el control, la vigilancia y el sistema el rastreo para actuar con rapidez.
Fernández Mañueco ha asegurado que el sistema sanitario está organizado, en los hospitales, en los centros de salud y en los consultorios de toda la Comunidad.
El presidente de la Junta ha vuelto a reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España recalcule el fondo extraordinario para que llegue a las comunidades que más han sufrido la pandemia, como Castilla y León. Así, ha insistido en que lo justo es que atienda los costes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales y especialmente en aquellas comunidades más afectadas por la pandemia.
Ha insistido en que lo justo es que atienda los costes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales y especialmente en aquellas comunidades más afectadas por la pandemia
En este sentido, ha recordado que el cambio de criterios impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez perjudica especialmente a Castilla y León, ya que van en contra de la lucha contra la pandemia y de todas las recetas para afrontar el reto demográfico.
Mañueco ha explicado que estos nuevos criterios benefician a las comunidades con población más joven; con metro y cercanías; con más PIB y capacidad fiscal, mientras que perjudica a las comunidades con alta dispersión, con gran superficie y con población de más de 65 años. “Los territorios con menos población requieren apoyo y fondos, no necesitan recortes y que les den la espalda”, ha afirmado.
Por ello, ha pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir estos puntos. En concreto, la Junta reclama que en el fondo extraordinario se repongan los 2.000 recortados a sanidad y servicios sociales, y que para el reparto se utilice el modelo de financiación autonómica ordinario, con cuyos criterios Castilla y León recibiría más de 110 millones de euros a mayores.
Además, Fernández Mañueco ha vuelto a recordar la conveniencia de recurrir al MEDE para financiar el gasto sanitario y garantizar el funcionamiento del sistema sanitario público, así como que se aclare el reparto de los fondos europeos y el escenario de déficit y deuda. Ha señalado que, una vez que la Unión Europea ha flexibilizado este escenario, el Gobierno debería hacer un reparto equitativo entre todas las administraciones públicas, puesto que las comunidades autónomas necesitan más margen para gestionar mejor las que son sus competencias básicas: educación, sanidad y servicios sociales,