La finalización del Estado de Alarma y la consiguiente entrada del conjunto del territorio nacional en la denominada como “nueva normalidad” supuso el final del mando único del Ministerio de Sanidad con Salvador Illa al frente. Desde este momento la responsabilidad de la gestión y control de la pandemia recaía en manos de las comunidades autónomas. Algo que estas venían reclamando al Ejecutivo central ante el dispar escenario epidemiológico que se ha vivido en las distintas regiones.
Ahora, ante la preocupante proliferación de los brotes en todo el país, son cada vez más las voces que piden a Pedro Sánchez que el mando único sea recuperado para evitar el inicio de una segunda ola de Covid-19.
PP y Ciudadanos han sido dos de las formaciones políticas que han coincidido a la hora de realizar esta petición. El líder de los populares, Pablo Casado, ha planteado una serie de reformas legales de carácter exprés que posibiliten “limitar derechos sin arruinar la economía”.
Casado ha mostrado su preocupación ante el escenario actual y acusa al Ejecutivo de Sánchez de pasividad y de estar “desbordado” ante la situación. Motivo por el que ha pedido que se reforme de forma urgente la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 (permitiría el acuerdo de aislamientos y cuarentenas); así como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 (posibilitaría la denegación de entrada en nuestro país de personas y podría obligarse a la realización de pruebas sanitarias).
Pablo Casado ha planteado una serie de reformas legales de carácter exprés que posibiliten “limitar derechos sin arruinar la economía”
Unas modificaciones legales con las que el líder de los populares cree que se mejoraría la “localización de las personas que hayan estado en contacto con los infectados”, así como una optimización en el “control de movimientos y las salidas en las zonas afectadas”.
En este sentido cabe recordar los problemas legales con los que se han encontrado algunos presidentes autonómicos a la hora de poder aislar algunas localidades ante el surgimiento de brotes. Motivo por el que Casado ha solicitado además a Sánchez que se realice una reforma de los procedimientos contencioso-administrativos con el que objetivo de que los presidentes autonómicos puedan solicitar al Tribunal Superior de Justicia que corresponda y de forma directa las medidas, e incluso al Tribunal Supremo.
Por su parte Lorena Roldán, portavoz de la formación naranja en el Parlamento de Cataluña, ha puesto el foco en el Real Decreto de nueva normalidad para señalar los mecanismos recogidos en el mismo que permiten que el Gobierno “tome el control y gestione la pandemia”.
“El Gobierno ya dispone del decreto de nueva normalidad, que es el instrumento jurídico que le habilita para hacerse cargo de la situación”, expresaba Roldán criticando la gestión que está realizando de los brotes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
A pesar de que los distintos gobiernos autonómicos mantienen una comunicación fluida con el Ministerio de Sanidad, lo cierto es que hemos entrado en el mapa de la disparidad en cuestión de restricciones y medidas. El Real Decreto de nueva normalidad regula el uso obligatorio de mascarillas siempre que no pueda garantizarse la distancia de seguridad y prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas han ido endureciendo paulatinamente esta media, así como otras en relación, por ejemplo, al ocio nocturno que se ha erigido como uno de los principales generadores de nuevos brotes.
El mando único de Sanidad establecido durante la vigencia del Estado de Alarma no era perfecto. Presentaba deficiencias y muchos aspectos mejorables, pero es necesario ante una situación como la provocada por la Covid-19 donde debe existir unidad de criterios y no fronteras dentro del mismo país.