La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha obligado al primer ministro británico, Boris Johnson, a romper una de las promesas electorales recogidas en su programa para los comicios celebrados en diciembre de 2019: el líder conservador se comprometió a no subir los impuestos. La situación excepcional generada por la COVID-19 se ha traducido en un aumento de los aportes a la seguridad social que tienen como objetivo mejorar la financiación de la Sanidad británica y aliviar la crisis que atraviesa el país en términos de asistencia social.
La Cámara de los Comunes, entre abucheos de los diputados pertenecientes a las distintas formaciones políticas, se convertía en el escenario en el que Johnson anunciaba el pasado martes 7 de septiembre el que ha sido bautizado como “impuesto social y de sanidad”. El primer ministro británico reconocía que esta medida es contraria a su programa, pero se ha defendido argumentando que la pandemia “no estaba en su plataforma electoral”, tal y como recogen en eldiario.es.
De esta forma, a partir de abril de 2022, se producirá un incremento del 1,25% en los aportes realizados a la seguridad social que deberán ser pagados tanto por los trabajadores como por los empleadores. Según las previsiones del Ejecutivo de Johnson esta subida de impuestos se traducirá en una recaudación anual para las arcas públicas de 12.000 millones de libras (alrededor de 13.920 millones de euros). Un plan que afecta a Inglaterra, pero del que Escocia, Gales e Irlanda del Norte recibirán ayuda procedente de este impuesto.
El primer ministro británico reconocía que esta medida es contraria a su programa, pero se ha defendido argumentando que la pandemia “no estaba en su plataforma electoral”
Tal y como explican en la referida cabecera la cotización actual a la seguridad social en Reino Unido varía en función de los sueldos. El básico se encuentra fijado en el 12% en el caso de los trabajadores y en el 13,8% si se trata de los empleadores.
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha golpeado duramente al Reino Unido generando una crisis sanitaria sin precedentes. La deuda acumulada del país ya se sitúa muy cercana al 100% de su PIB (Producto Interior Bruto). Este nuevo impuesto persigue además dar respuesta a las largas listas de espera que la COVID-19 ha causado en la Sanidad pública británica (NHS, por sus siglas en inglés).
Uno de los principales focos de atención de esta nueva medida es la atención a la dependencia ya que las personas de la tercera edad que no cuentan con recursos suficientes y se encuentran imposibilitadas mental o físicamente pueden recibir ayudas gubernamentales para la realización de tareas cotidianas. Con el nuevo plan será el Estado el que se haga cargo de toda la asistencia de estas personas que cuenten con activos por debajo de las 20.000 libras (23.300 euros). Aquellas personas que se encuentren entre las 20.000 y las 100.000 libras (entre 23.000 y 116.000 euros) deberán contribuir al sistema, aunque se ha fijado un techo de 86.000 libras (unos 99.700 euros) durante todos los años en los que requiera asistencia.