El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado la creación de una comisión política responsable de la preparación de la propuesta del Gobierno regional para la iniciar la operación de desescalada.
Esta se encontrará liderada por el vicepresidente Juan Cofiño e incluirá la participación de varias consejerías. Contará también con el asesoramiento de expertos como sociólogos y economistas. Este grupo de trabajo se sumará al equipo técnico de la Consejería de Salud que ya trabaja en este objetivo.
Barbón ha recalcado que la decisión última sobre esta propuesta corresponde al Gobierno de España que ha asumido el mando único con la declaración del Estado de Alarma. “El desconfinamiento no lo puede decidir ningún gobierno autonómico. Solo el Gobierno de España tiene competencias para ello, pero Asturias va a presentar su propio plan de salida”, ha explicado el presidente.
“El desconfinamiento no lo puede decidir ningún gobierno autonómico. Solo el Gobierno de España tiene competencias para ello, pero Asturias va a presentar su propio plan de salida”
Barbón ha apelado a la prudencia en lo que al levantamiento de las medidas se refiere. En este sentido ha señalado que la vuelta a la normalidad “no será fácil” y se realizará de forma “gradual para no correr el riesgo de generar un efecto rebote con un mayor número de contagios”.
En la rueda de prensa telemática ofrecida por el presidente del Principado la situación de las residencias de ancianos ha sido otro de los puntos clave. Ha asegurado que el Gobierno regional concentra todos sus esfuerzos en estos centros, anunciando que se van a intensificar las medidas ya aprobadas.
“Hemos nombrado una persona responsable en todas las áreas sanitarias para controlar de cerca lo que ocurre en cada una de las 244 residencias públicas, privadas y concertadas que existen en Asturias. Junto a ello hemos intervenido alguna de ellas cuando detectábamos un brote o algún caso. Hoy hay 61 residencias intervenidas y seis medicalizadas”.
“Vamos a analizar al conjunto de los profesionales que trabajan en las residencias y al conjunto de los residentes”, añade como medida para avanzar en la protección de este colectivo vulnerable.