El pasado 7 de enero, el Congreso de los Diputados aprobó de forma mayoritaria la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, votación que respaldaba igualmente la conformación del primer Gobierno de coalición de esta etapa democrática, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. La ambición de ambas formaciones era máxima, recogida en un pacto con numerosas propuestas sanitarias para ser desarrolladas durante la legislatura. Sin embargo, el coronavirus lo ha dejado todo en el aire.
Este jueves se cumplen 100 días desde la investidura, justo cuando España está en mitad de una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más graves de los últimos tiempos, con la declaración del Estado de alarma para tratar de frenar la propagación de la enfermedad Covid-19 entre la población. Pero a pesar de los esfuerzos y de las medidas de confinamiento domiciliario, en apenas unos meses se han superado los 182.816 casos positivos y los 19.130 fallecidos. De las pocas noticias positivas, destaca la recuperación de 74.797 personas.
Las promesas sanitarias de Sánchez y su Gobierno no solo quedan guardadas en un cajón, sino que incluso quedan en el aire por la incertidumbre que genera la vuelta a la normalidad tras el coronavirus
En todo este contexto, las promesas sanitarias lanzadas por Sánchez y su Gobierno no solo quedan guardadas en un cajón, sino que incluso quedan en el aire por la incertidumbre que generan algunas cuestiones. Entre ellas, qué grado de inmunización ha generado el virus entre la población española, cómo será la vuelta a la normalidad, cuánto tardará en recuperarse la actividad asistencial habitual en los centros sanitarios y cómo de rápido se restablecerá la actividad económica en el país.
Lo que se sabe hasta ahora es que por parte del Gobierno, la intención es consensuar un ‘Pacto de reconstrucción económica y social’ con los partidos políticos, los agentes sociales y las administraciones locales y autonómicas. Y dentro de ese gran acuerdo, se espera que se incluyan iniciativas dirigidas a fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el conjunto del Estado del bienestar para que corra peligro la prestación de los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra la sanidad.
¿QUÉ PACTARON PSOE Y UP PARA SANIDAD?
En su primera semana, el presidente del Gobierno sustituyó a María Luisa Carcedo y nombró como ministro de Sanidad a Salvador Illa, político del PSC sin experiencia en el ámbito sanitario pero hombre importante en las negociaciones con las formaciones independentistas de Cataluña, es decir, la ‘cuota catalana’. Además, una de las decisiones más determinantes fue dividir el Ministerio en tres áreas para introducir a miembros de Unidas Podemos: la de Sanidad para Illa, la de Derechos Sociales para Pablo Iglesias y la de Consumo para Alberto Garzón.
PSOE y UP pactaron la eliminación de los copagos farmacéuticos, el blindaje del acceso universal al sistema sanitario o la incorporación de la salud bucodental al SNS
Tras la conformación del Ejecutivo, el ministro de Sanidad nombró a su equipo más próximo, aunque mantuvo a las figuras esenciales: entre ellas a Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, y a los direcciones generales. Más de un mes tardó Illa en realizar su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, espacio donde informó de las líneas estratégicas que iba a desarrollar.
Entre ellas, destacaban las pactadas entre PSOE y UP, como la eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos, la introducción de la atención a la salud bucodental en la cartera de servicios del SNS, el incremento de los recursos sanitarios hasta el 7 % del PIB en 2023, el blindaje del acceso universal al sistema sanitario, la implementación del Marco de Atención Primaria, la actualización de la Estrategia de Salud Mental, la regulación de la eutanasia o la prevención de adiciones como el consumo de alcohol y tabaco o la ludopatía.
EL CORONAVIRUS LO ECLIPSA TODO
Antes de que el coronavirus protagonizara toda la actualidad política, Pedro Sánchez pudo presenciar como el Congreso de los Diputados apoyaba la admisión a trámite de la ley del PSOE que proponía la regulación de la eutanasia en España. Además, también fue noticia el encuentro con Quim Torra, tras el que se descartaba el traspaso del MIR a Cataluña “a corto plazo”.
Varios gobiernos autonómicos y partidos políticos han criticado la forma en la que el Gobierno ha gestionado la crisis sanitaria provocada por la Covid-19
Sin embargo, el Gobierno se centró ya a mitad de febrero en gestionar la crisis del coronavirus. Desde entonces, Pedro Sánchez ha intervenido varias veces en el Congreso para solicitar el apoyo de la Cámara para prorrogar el Estado de alarma; ha celebrado varias reuniones por videoconferencia con los presidentes autonómicos; y ha participado en los encuentros telemáticos con el resto de dirigentes europeos con el fin de buscar una salida a situación generada por la Covid-19.
No obstante, el futuro no puede ser más incierto. Varios gobiernos autonómicos y partidos políticos han criticado la forma en la que el Gobierno ha gestionado la crisis, con polémicas como la tardanza en la compra de material de protección sanitario o en la realización de test. Por ello, a priori se antoja complicado sumar apoyos al ‘Pacto de reconstrucción económica y social’ y a unos posibles Presupuestos Generales del Estado (PGE).