En febrero del 2023, 42 familias de la localidad vizcaína de Santurtzi presentaron una denuncia conjunta contra una enfermera del centro de salud de Kabiezes por, presuntamente, simular que suministraba vacunas contra la COVID a 404 menores, pero sin hacerlo realmente. Ahora, un año y cuatro meses después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, encargado de llevar el caso, ha decidido encausarla por delitos de daños y falsedad documental.
Como informa la agencia EFE y se han hecho eco varios medios locales, este jueves 20 de junio ha sido difundido el auto por el que finaliza la fase de instrucción. Así, la titular del Juzgado ha pedido al Ministerio y a los denunciantes que se pronuncien, en un plazo máximo de 10 días, sobre si procede la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. No obstante, el auto no es firme, y contra él todavía puede interponerse recurso de reforma y de apelación.
La enfermera introducía las agujas de las jeringillas sin llegar a inocular el contenido de los mismas
El caso, muy sonado en su momento, supuso tener que desechar las dosis correspondientes a 404 niños y niñas. La juez considera que “indiciariamente”, y mientras la enfermera trabajaba en el área pediátrica del mencionado centro de salud, introducía las agujas de las jeringillas sin llegar a inocular el contenido de los mismas. Después, anotaba en sus cartillas e historiales médicos que ya estaban vacunados.
30.000 EUROS ENTRE LAS VACUNAS DESECHADAS Y LO QUE COSTÓ VOLVER A INICIAR EL PROCESO
Con ello, refleja el auto, el valor de las vacunas desechadas ascendió a 26.763,99 euros, más, claro está, el hecho de dejar a todos los menores sin vacunar. Así, volver a iniciar el proceso de vacunación de los menores y reponer las vacunas no administradas supuso un coste extra de 5.382,46 euros que hubo de sufragar Osakidetza. La enfermera fue la encargada de vacunar a los menores del centro de salud de Kabiezes entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, y el caso por el que ha sido denunciada se dio a conocer en octubre de aquel año.
El servicio de pediatría de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces decidió entonces iniciar un proceso de investigación, y confirmó, tras realizar pruebas serológicas a los menores, que no había presencia de anticuerpos en su organismo. El objetivo de los denunciantes era, informaba EITB en su momento, "conseguir que se le quite su número de colegiada, impidiendo que la citada profesional siga ejerciendo su labor ante la gravedad de lo denunciado, y que Osakidetza admita su responsabilidad en estos hechos, que al perecer, llevaban tiempo produciéndose". Así lo explicó el abogado de las familias, Aitzol Asla.