Desde que Pedro Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno en junio del año pasado tras ganar la moción de censura, ha mencionado en varias ocasiones que gracias a él se ha recuperado la sanidad universal.
Sin embargo, hay quien no está de acuerdo con esta afirmación. Se trata de las asociaciones ‘Colectivo de Afectadas por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)’ y de ‘Yo Sí Sanidad Universal’. Ambos organismos aseguran que las personas que tienen permiso de residencia por reagrupación familiar o como familiares de ciudadanos de la Unión Europea están excluidos de la sanidad pública.
La concesión de la tarjeta indicada no supone la existencia automática del derecho a la sanidad universal
Ahora, un año después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto. El Pleno de la Sala Cuarta entiende que la concesión de la tarjeta indicada no supone la existencia automática del derecho a la sanidad universal.
El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado sobre el derecho a la asistencia sanitaria de una ciudadana española que reagrupó a su madre, de nacionalidad cubana, a la que le fue concedida la "tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea (UE)", al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007.
En su sentencia, la Sala entiende que la concesión de la tarjeta indicada no supone la existencia automática de ese derecho, sino que la dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España.
Esta sentencia anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraba su derecho a la atención sanitaria, tal y como han hecho otros tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud a las personas reagrupadas legalmente en España.
Las asociaciones piden al nuevo Gobierno que reforme la ley arantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud
Esta no es la primera vez que la justicia española se pronuncia al respecto de la existencia de la sanidad universal. Según recoge la asociación ‘Yo Sí Sanidad Universal’ en un comunicado, actualmente hay más de 70 sentencias de tribunales de al menos siete Comunidades Autónomas han fallado contra el INSS y han dado la razón a los afectados, a los que se les ha concedido la tarjeta sanitaria.
La sentencia no ha tenido una buena acogida entre las asociaciones que luchan por este derecho. “Supone la constatación de que la actual normativa sobre universalidad, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España, como ya veníamos advirtiendo las organizaciones. Esta decisión ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa” asegura Marta Mendiola, responsable de derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España.
“La sentencia describe claramente cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, regresión que no ha sido plenamente revertida por el Real DecretoLey 7/2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. Esto evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España" declara José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER.
Las organizaciones le instan al nuevo Gobierno a que durante la próxima legislatura corrija las lagunas de desprotección que contiene el Real Decreto 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud.