La progresiva despoblación en algunas zonas españolas y la falta de garantías para lograr la mayor igualdad posible en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos ha llevado al Gobierno a crear el Comisionado frente al Reto Demográfico con el fin de desarrollar una Estrategia para los próximos años. Pese a ello, algunos organismos creen necesario actuar con premura para revertir la llamada ‘España vacía’.
Es el caso del Defensor del Pueblo, representada por Francisco Fernández Marugán, quien recientemente ha solicitado información al Ejecutivo central “para conocer los planes y actuaciones que manejan las administraciones para afrontar el reto demográfico”. Y es que, ha expresado su preocupación por “la dificultad que los habitantes de las zonas más despobladas puedan encontrarse a la hora de acceder a servicios básicos como son la sanidad, la educación, el transporte, la banca y una buena cobertura de redes de banda ancha.
Fernández Marugán lamenta que "la regresión de la población y la dificultad a la hora de acceder a servicios básicos" puede llevar al aumento de "pobreza y desigualdad"
Según ha denunciado Fernández Marugán “la regresión de la población y la dificultad a la hora de acceder a servicios básicos” puede conllevar “pobreza y desigualdad”. Por estos motivos, ha advertido que “que no se puede tratar de manera diferente a los ciudadanos según el lugar en el que viven”.
A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo ha recordado que en los últimos años ha emprendido “diversas actuaciones sobre la calidad de los servicios públicos sanitarios y educativos, sobre la exclusión financiera por falta de cajeros y sucursales en pueblos pequeños, y por el aislamiento que genera la falta de infraestructuras adecuadas para acceder a ciertos lugares o por una deficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones”.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha defendido que la “propuesta” del Gobierno pasa por centrar las políticas “en las personas” con el fin de “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos”, entre los que se encuentran la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.