España no es país para consensos, al menos en las cosas importantes. Sin embargo, entre esas honrosas excepciones se encuentra la sanidad pública. Uno de los baluartes del Estado de Bienestar y 'joya de la corona' para muchos. Desde que Ernest Lluch aprobara la Ley General de Sanidad del año 1986 hasta nuestro días el Sistema Nacional de Salud, conformado por el ministerio de Sanidad y los servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, ha ido elevando el gasto sanitario para poder seguir dando cobertura a las necesidades ciudadanas y a una población cada vez más envejecida.
El último dato disponible, publicado este mismo martes, correspondiente al año 2021, indica que España dedicó casi 88.000 millones de euros a Sanidad, el 7.3% del PIB. Récord histórico. El segundo año de la pandemia, del tercero todavía no tenemos datos, supuso un aumento del gasto considerable. Y es que la pandemia ha puesto de manifiesto el compromiso y la profesionalidad de aquellos que trabajan en el ámbito de la salud, la capacidad de respuesta del sistema y las bondades de su co-gobernanza entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, también ha mostrado sus carencias y las debilidades del SNS.
Ante este panorama, una ley general de Sanidad que necesita modernizarse después de casi cuarenta años, y una pandemia que ha sacado a la palestra algunas dificultades del sistema, es necesario una normativa que blinde la sanidad pública. Por eso, el Gobierno, en conversación con los grupos parlamentarios y también con las CC.AA, ha llevado al parlamento la ley de Equidad, o conocida también como la ley Darias, que para muchos supone la ley sanitaria más importante de los últimos años. Ya con su nombre y las normas que modifica da cuenta de su ambición.
El Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas (la propia Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública) trata de consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio del pasado año y actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Este es para muchos el punto más importante de la ley: la colaboración público-privada.¿Para blindar la sanidad pública es necesario eliminar los convenios o conciertos con la sanidad privada? De hecho, esta cuestión ha sido uno de los puntos más conflictivos en toda la legislatura entre PSOE y Podemos, los dos socios gubernamentales. Esta última formación consideraba que el texto podría permitir la privatización sanitaria y por ello mismo no le otorgaron su apoyo inicial. Finalmente, el Ministerio de Sanidad y el PSOE llegaron a un acuerdo con Unidas Podemos para cambiar algunos aspectos del proyecto en lo que respecta a la concreción de cuándo optar por los conciertos sanitarios.
Sanidad y el PSOE llegaron a un acuerdo con Unidas Podemos para cambiar algunos aspectos del proyecto sobre la concreción de cuándo optar por los conciertos sanitarios
¿Pero qué dice el proyecto de ley? Dispone "medidas para la consolidación de los principios de equidad, universalidad y cohesión del SNS”. Para tal fin, se nutre de elementos que avancen “hacia una cultura social” y, entre otros factores, “la legitimidad de nuestro sistema sanitario público en cooperación con otras estructuras y ámbitos”. Es decir, que además de favorecer y fortalecer la Sanidad Pública, esta normativa propone complementarla con parte del ámbito privado, algo que el texto desarrolla de forma más explícita en párrafos posteriores.
Además, se incluye en esta Ley “la renovación y ampliación de las capacidades del SNS en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su componente 18”. En el mismo, se busca corregir las debilidades estructurales detectadas y poder adaptar el sistema sanitario a las necesidades y retos presentes. Es decir, por primera vez se incluyen los Fondos Europeos para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.
Igualmente, el artículo primero de esta normativa modifica la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Es en esta donde se identifica como modelo de gestión del SNS la gestión directa, la cual se refiere a “aquella que se presta a través de las administraciones públicas o de entidades de entre las que se conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local o mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, es decir, a partir de centros cuya titularidad es cien por cien pública”.
El texto introduce “de forma excepcional y justificada” la gestión indirecta como elemento de apoyo
No obstante, también introduce “de forma excepcional y justificada” la gestión indirecta como complemento y apoyo. Dicha gestión indirecta se refiere a cuando un Gobierno, en este caso autonómico, financia a una empresa privada para que gestione la sanidad de la Región. Con lo cual, aunque no totalmente y tampoco como reemplazo, en esta Ley se permite acudir al ámbito privado de la sanidad.
Para poder usar esta modalidad, la normativa dispone de tres criterios que deben cumplirse. La utilización óptima de los recursos sanitariospropios en cuanto a las administraciones públicas, la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones, y la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública directa. En resumen, la ley permite la colaboración público-privada pero poniendo condiciones.
LO QUE INTERPRETA CADA PARTIDO
El punto referente a la gestión indirecta es el causante de que el proyecto de Ley genere tanto rechazo entre los diversos grupos parlamentarios. El Partido Popular ha defendido que esta normativa excluye la “colaboración público-privada”. Precisamente el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (una de las Regiones más críticas con esta Ley), Enrique Ruiz Escudero, ha remarcado en más de una ocasión que sin esa cooperación no se podría mantener el actual sistema sanitario.
Menos incisivo fue el PP el pasado miércoles 29 de marzo durante la Comisión de Sanidad y Consumo celebrada en el Congreso de los Diputados. Allí, su portavoz sanitaria, Elvira Velasco, incidió en la necesidad de una ley de actualización y modernización de la salud, "pero contando con todos los actores". A su vez, volvió a defender “la colaboración” público-privada.
Ciudadanos asegura que esta Ley supone un intento de "demonizar y considerar la sanidad privada como el mal”
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Guillermo Díaz, aseguró que esta Ley era un intento de "demonizar y considerar la sanidad privada como el mal” y que buscaba promover la eliminación de los conciertos con la sanidad privada. El partido naranja, de hecho, había presentado ese mismo día una Proposición No de Ley para la defensa y mejora de la asistencia sanitaria privada y su contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Por su parte el portavoz de VOX, Antonio Salvá, recordó que su grupo ya había presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Equidad, y argumentó que "la sanidad privada y la pública son dos hermanos siameses, que muchas veces no se ven, pero que van juntos".
LA CEOE Y LA POP, EN CONTRA Y A FAVOR
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya criticó en octubre la Ley de Equidad. En aquel momento, Garamendi expuso que "acabar con la complementariedad de la sanidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) supone un riesgo sin precedentes en la sostenibilidad del sistema".
Todo lo contrario a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que el pasado mes de junio acogió con gran entusiasmo el anuncio de esta Ley, pues suponía un gran avance tanto para las personas con enfermedad crónica como para sus familiares y cuidadores, aparte de otras reivindicaciones históricas de la POP y sus entidades. Además, el pasado lunes 27 de marzo, su presidenta, Carina Escobar, instó al nuevo ministro de Sanidad, José Miñones, a "unir voluntades" para poder aprobar esta normativa.