El Defensor del Pueblo incide en blindar el acceso a la sanidad en la ‘España vaciada’

Tras el reciente temporal de nieve que ha aislado y dejado sin suministros a varios pueblos de la provincia de León, Francisco Fernández Marugán exige a las administraciones que garanticen la prestación de la asistencia sanitaria.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán (Foto: Congreso de los Diputados)
20 noviembre 2019 | 13:00 h

No es la primera vez, y probablemente no será la última, en la que el Defensor del Pueblo exprese su preocupación sobre las consecuencias que tiene sobre la salud de las personas la falta de atención y de inversión a las zonas más despobladas de España, lo que comúnmente se conoce como la ‘España vaciada’.

Esta semana, la institución encarnada por Francisco Fernández Marugán ha advertir a las instituciones públicas sobre la necesidad de actuar sobre estas poblaciones para garantizar la correcta prestación de los servicio públicos, entre ellos la asistencia sanitaria. En esta ocasión lo ha hecho tras el reciente temporal de nieve que ha afectado sobre varios municipios de la provincia de León.

Fernández Marugán insta a las administraciones públicas a que "dispongan de los suministros necesarios" a los ciudadanos de estas zonas ya que "son más vulnerables debido a su situación geográfica"

En concreto, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio “por la falta de suministro eléctrico” a raíz de dicho temporal, dejando “aislados” a varios pueblos de montaña. Desde este organismo subrayan que esta circunstancia tiene “consecuencias para la salud, el bienestar y la economía de los afectados”.

SUPERVISIÓN POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES

Fernández Marugán vuelve a denunciar que las zonas más despobladas de España registran “con frecuencia un deficiente funcionamiento de los servicios públicos”. A esta institución le preocupa especialmente “la dificultad que los habitantes de estas zonas puedan encontrarse a la hora de acceder a servicios básicos como son la sanidad, la educación, el transporte, la banca y una buena cobertura de redes de banda ancha o electricidad”.

Teniendo esto en cuenta, este organismo apunta a que tanto la titularidad como la supervisión de dichos servicios le corresponden “a las administraciones públicas”, que principalmente son las comunidades autónomas y el Gobierno central. Por ello, han incidido en que éstas deben garantizar que estas zonas “dispongan de los suministros necesarios, dado que son más vulnerables debido a su situación geográfica y, en ocasiones, a su inaccesibilidad”.

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