La Confederación Salud Mental España, formada por más 300 entidades que agrupan al conjunto del movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental, cumple su 35º aniversario durante este año. Por este motivo, ha lanzado una campaña con el lema “35 años. De la soledad a la sociedad”, con el objetivo de simbolizar “la evolución que se está produciendo en la manera de afrontar los problemas de salud mental”.
Para su presidente, Nel González Zapico, “reivindicar la salud mental es en sí ya un hecho positivo que empieza a limar algunos viejos temores de etiquetas y diagnósticos”. Y es que, según el dirigente de Salud Mental España, la salud mental “es un derecho que tenemos todos, y tiene que estar basada en los derechos de las personas".
El presidente de esta confederación, Nel González, defiende que “la salud mental debe ser una prioridad en la agenda política pública”
Por otra parte, desde esta confederación consideran que han sido “innegables” los avances que se han producido en estos 35 años en la atención a la salud mental. Sin embargo, creen que aún hay aspectos en los que se puede avanzar. En este sentido, desde la Confederación Salud Mental España se marca entre sus principales objetivos para los próximos años el “empoderamiento de las personas con problemas de salud mental, la mejora de su imagen social y la lucha contra el estigma y la discriminación”.
REIVINDICACIONES
Por otra parte, esta agrupación ha lanzado una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, denuncian que los recursos destinados a la salud mental en España son “claramente insuficientes”. No obstante, según el Ministerio de Sanidad, se estima en un 8% del PIB, unos 83.000 millones de euros, el coste total de los trastornos mentales en España. Además, según la actual Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, entre el 2'5 y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave: más de 1 millón de personas.
Por este motivo, Nel González defiende que “la salud mental debe ser una prioridad en la agenda política pública”. Por eso insta a los poderes públicos a “realizar acciones que se correspondan con esta reivindicación”. Finalmente, destaca que "el futuro es reivindicar que no exista ninguna forma de ingreso involuntario”.