Aprovechando el nuevo Plan de Prevención de Embarazos no Deseados de la Comunidad de Madrid en la actualidad informativa, la presidenta Cristina Cifuentes, se ha referido recientemente a la dispensación de la píldora del día después en la región, aclarando que “no se va a distribuir de manera universal, ni a todo el mundo que la pida, sino que se facilitará siempre que haya una prescripción médica que lo recomiende”. Además, la mandataria ha añadido que no se puede “usar como método anticonteptivo”. El debate viene de largo. Desde 2009 las farmacias españolas tienen la obligación de vender la pastilla sin receta (cuestan alrededor de 20 euros), y, dependiendo de cada autonomía, se puede adquirir gratuitamente también en centros de salud, centros de planificación familiar y algunas urgencias.
Concretamente, son diez las comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Cataluña, Extremadura, Galicia y Baleares) donde se prescribe de manera gratuita en centros de salud, según datos de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). Otras regiones, como la propia comunidad madrileña, Navarra o Murcia son más reacias a que se facilite la obtención de este método anticonceptivo denominado “de emergencia”, argumentando sus reticencias en la “importante carga hormonal” con la que cuenta la pastilla y a que “no todas las chicas las pueden tomar”, como ha reseñado Cifuentes.
"Esta píldora es un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud y es anticonceptivo y no abortivo según han reconocido las autoridades sanitarias y la Agencia Española del Medicamento, por lo que no cabe ninguna objeción"
En cambio, la opinión de los expertos tira por tierra esas manifestaciones. Aunque no es un producto adecuado para consumir de modo habitual, y solo debe ser opción cuando otros medios fallen, su porcentaje de fiabilidad es muy elevado y es un método reconocido como seguro para la mujer por los especialistas y por el propio Ministerio de Sanidad. Los riesgos para la salud son nimios, y, si bien pueden aparecer náuseas, dolores de cabeza y desarreglos menstruales, estos son poco frecuentes, débiles y desaparecen rápidamente.
Otra de las críticas es su carácter ‘abortivo’, claramente desmontada por diversas sociedades médicas, como la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Sociedad Española de Ginecologíay Obstetricia (SEGO). Los especialistas explican que en ningún caso se trata de un método abortivo, puesto que actúa antes de la implantación. Es más, si esta ya se ha producido el embarazo no se puede evitar aunque se tome la pastilla. En este sentido, Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, incide en que esta píldora “es un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud y es anticonceptivo y no abortivo según han reconocido las autoridades sanitarias y la Agencia Española del Medicamento, por lo que no cabe ninguna objeción. La anticoncepción de urgencia debe tener un acceso universal y sin trabas”.
ESPAÑA, A NIVEL EUROPEO
Por otra parte, la tasa de uso en España no difiere de la de los países europeos, según un informe de la FPFE, aunque su crecimiento haya sido más rápido por el retraso en la comercialización y por las altas tasas de uso de preservativos (mayor que en ningún país europeo), con la consiguiente mayor probabilidad de tener que recurrir a la píldora por rotura o incidencia de los mismos.
“Este incremento en la compra en farmacias pone de manifiesto, de nuevo, las dificultades de acceso a través de los centros de salud y de los dispositivos de atención rápida"
“Desde 2009, con la dispensación en farmacias sin el requisito de prescripción médica, se ha producido una inversión en el acceso, con un incremento de las compras en farmacias y una reducción de la demanda a través de los limitados recursos sanitarios que la dispensaban”, señala el documento. Para la federación, “este incremento en la compra en farmacias pone de manifiesto, de nuevo, las dificultades de acceso a través de los centros de salud y de los dispositivos de atención rápida, ya que si la atención en el sistema sanitario hubiera sido el adecuado, las usuarias preferirían disponer de la píldora del día después de manera gratuita sin tener que afrontar su alto coste”.
En cualquier caso, añaden “siempre habrá un número determinado de usuarias, y sus parejas, que prefieran preservar su privacidad e intimidad cuando necesitan anticoncepción postcoital, aunque esto suponga un coste adicional para ellas, prefiriendo dirigirse a una farmacia para comprarla”. Esto reafirma, bajo su punto de vista, “la inequidad en el acceso a través de los servicios sanitarios públicos, ya que según las informaciones de compras institucionales, solo un número reducido de comunidades ha abordado con seriedad la facilidad de tratamiento en los centros”. Se constata así, pues, “que la mayoría de los servicios autonómicos de salud (más de la mitad de los 17 existentes) no han facilitado el acceso ni antes ni después de la aprobación de la libre dispensación”.