El actual desabastecimiento de productos sanitarios está generando problemas de salud a un gran número de pacientes. Aquellos que necesitan bolsas de orina llevan meses buscándolas, viéndose obligados, en numerosas ocasiones, a reutilizarlas, con todo lo que ello conlleva. Ante este escenario, el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Ministerio de Sanidad que obligue por norma a los fabricantes y proveedores de productos sanitarios a mantener en todo momento la cadena de abastecimiento.
Así ha sido planteado por la plataforma unitaria de discapacidad al Departamento presidido por Mónica García, en el documento de aportaciones que ha elevado en el trámite de audiencia del Proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados, en tramitación en estos momentos por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto detectaron los problemas de desabastecimiento, el sector social de la discapacidad, con entidades como Cocemfe, Impulsa Igualdad o Aspaym, alertaron a las autoridades sanitarias y a la industria, así como a la opinión pública. “Inmediatamente después de alertar, comenzó la presión política, para que se actuara en el nivel público, a través de medidas urgentes y de choque contra la falta de suministros”, explica para ConSalud.esLuis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.
"Se trata de anclar el deber de suministro y la continuidad del mismo para los productos sanitarios, de modo análogo a lo que está regulado para los medicamentos"
Sin embargo, estas no eran suficientes, ya que “hay que ir a lo estructural, que pasa también por lo regulatorio. Regular bien, para que estas situaciones no se den en el futuro, o si se dan se pueda reaccionar sin mayor daño a los pacientes”. Según indica, "se trata de anclar el deber de suministro y la continuidad del mismo para los productos sanitarios, de modo análogo a lo que está regulado para los medicamentos, aprovechando que se está revisando las disposiciones normativas reglamentarias sobre productos sanitarios, a iniciativa del Ministerio de Sanidad”.
En la actualidad no existen dichos deberes para los productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, algo que “deja en desprotección a los pacientes, como hemos comprobado en carne propia con el desabastecimiento generalizado de bolsas colectoras de orina”. Esta situación pone en riesgo la salud de las personas con discapacidad, especialmente vulnerables en lo respectivo a la salud. Por ello, el CERMI propone que se extiendan a los productos sanitarios las obligaciones regulatorias de suministro que existen para los medicamentos.
“La propuesta del CERMI al Ministerio pasa por que exista el deber jurídico para los operadores económicos (fabricantes y proveedores) que proporcionan este material al Sistema Nacional de Salud, su cliente”. El presidente del CERMI incide en que, para que sean proveedores reconocidos por los sistemas públicos de salud, deben asumir compromisos nítidos en cuanto a fiabilidad, disponibilidad, trazabilidad, continuidad y mantenimiento de las condiciones de provisión. El principal objetivo de todo ello es que los avatares del mercado no puedan implicar nunca desabastecimiento o discontinuidad de provisión o puesta a disposición del público. Estos episodios pueden quebrar de forma muy grave el derecho a la salud de los pacientes en general, y de las personas con discapacidad en particular.
“Partimos de que los fabricantes y proveedores quieren serlo de los sistemas públicos de salud, que son unos clientes peculiares, masivos y continuos, lo cual significa que el campo de juego es singular”
Como recuerda Luis Cayo Pérez, regular estas medidas para que no se deteriore la salud pública es la competencia primordial del Ministerio de Sanidad, especialmente cuando el mercado por sí mismo no puede satisfacer de forma apropiada. Además, los fabricantes y proveedores deben ser incluidos en este proceso. A la hora de hacerlo, “se debe partir de la buena fe y de la disposición a ser un agente fiable y colaborativo del sistema nacional de salud. Si uno quiere ser proveedor de la sanidad pública, en términos de equilibrio, ha de asumir unos deberes en cuanto a seguridad de suministros, continuidad, cantidad, en las condiciones pactadas. No tienen que salir perjudicados en sus intereses legítimos, pero deber ser fiables y confiables”.
En lo relativo al papel de los fabricantes y proveedores en este proceso, el presidente del CERMI señala que “partimos de que los fabricantes y proveedores quieren serlo de los sistemas públicos de salud, que son unos clientes peculiares, masivos y continuos, lo cual significa que el campo de juego es singular”. En este escenario prima la salud pública y la satisfacción de los pacientes, pero si se define en términos de equilibrio, “donde queden resguardadas sus legítimas expectativas empresariales, no han de temer, al contrario, convertirse en cooperadores necesarios de la gestión pública de la salud”.
Finalmente, indica que implementar la normativa de manera efectiva en la cadena de suministros de productos sanitarios podría hacerse ofreciendo, por ejemplo, garantías de suministro continuado, salvo factores de fuerza mayor incontrolables. “También se podría hacer dando respuestas coordinadas entre distintos fabricantes, cuando se desate un episodio adverso, controlando y compartiendo las existencias de material o generando reservas para el caso de necesidad, entre otras acciones”, concluye.