Fue el pasado 18 de marzo cuando el Congreso de los Diputados daba luz verde a la regulación de un nuevo derecho individual. La Cámara Baja ratificaba la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia tras un año de tramitación parlamentaria donde se sumaron enmiendas de otros partidos. Así, esta prestación se incluyó en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se dispuso que fuese financiada con fondos públicos.
Según el texto consensuado, se legisla "para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables".
Estas personas tienen, además, por escrito información sobre las "diferentes alternativas y posibilidades de actuación", incluida la del acceso a cuidados paliativos integrales
Para ello, el paciente debe ser mayor de edad, llevar más de un año en España y "ser capaz y consciente" en el momento de la solicitud. Estas personas tienen, además, por escrito información sobre las "diferentes alternativas y posibilidades de actuación", incluida la del acceso a cuidados paliativos integrales. Igualmente, la persona debe "haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria" sin que sea el resultado de ninguna presión externa.
Para cada petición, se crea una Comisión de Garantía y Evaluación, órganos que tratan de "verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece" en cada una de las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de las mismas "tendrá carácter multidisciplinar" y debe contar con un mínimo de siete miembros, con personal médico, de enfermería y juristas entre ellos.
EL PRIMER CASO CONOCIDO, EL 23 DE JULIO
Apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley (25 de junio), una mujer vasca de 86 años fue la primera española conocida en reclamar este proceso el pasado 23 de julio. Hace 10 años, la citada mujer ya había dejado constancia que quería someterse a la eutanasia si su estado era irreversible y de gran dependencia.
Los familiares entregaron la instancia al médico de Familia el propio 25 de junio. Dado el estado médico irreversible y el deterioro físico y mental de la paciente, las gestiones duraron 30 días.
Los propios familiares reconocieron que se sintieron "muy arropados" por los profesionales sanitarios, a los que agradecieron "la calidad humana y el trato exquisito recibido"
Rodeada de su familia y mientras la mujer se hallaba en el dormitorio, un equipo de médicos y enfermeras de Osakidetza administró el fármaco. Los propios familiares reconocieron que se sintieron "muy arropados" por los profesionales sanitarios, a los que agradecieron "la calidad humana y el trato exquisito recibido".
OBJETORES DE CONCIENCIA
En un contexto de especial sensibilidad social, comunidades autónomas y colegios profesionales han elaborado un registro de objetores de conciencia, es decir, sanitarios que manifiestan su negativa a participar del proceso de eutanasia. Algunos ejemplos han sido los del Principado de Asturias o el Colegio de Médicos de Sevilla.