El pasado 16 de agosto, los expertos en Salud Pública del Servicio Andaluz de Salud (SAS) notificaron al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social una intoxicación alimentaria causada por un brote de listeriosis. La Junta de Andalucía explicó entonces al departamento que dirige María Luisa Carcedo que los hechos estaban ligados al consumo de carne mechada de la marca 'La Mechá', un producto elaborado por la empresa sevillana Magrudis.
Desde entonces, y según los datos oficiales publicados por la Consejería de Salud y Familias de la autonomía andaluza, la intoxicación alimentaria se ha cobrado la vida de tres personas, ha provocado siete abortos y ha afectado a más de 200 personas a lo largo de toda la geografía española.
Con el objetivo de conocer las consecuencias legales a las que se podrían enfrentar todos los agentes implicados, ConSalud.es ha charlado con el abogado Gabriel González Tirado, subdirector de Lex Abogacia, despacho especialista en Derecho Sanitario. En primer lugar, el jurista señala que este caso es un procedimiento penal en el que hay que abrir diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido.
"Es preciso llevar a cabo una investigación y analizar qué actuación fue negligente, bien por imprudencias o bien por dolo"
"Pueden aglutinarse hasta tres responsabilidades: el papel de la empresa donde surge el brote de listeriosis, el rol de una serie de personas físicas y la función de la Administración. Es preciso llevar a cabo una investigación y analizar qué actuación fue negligente, bien por imprudencias o bien por dolo", apunta González Tirado.
SISTEMA DE AUTOCONTROL
En declaraciones a este diario, el especialista en Derecho Sanitario y Derecho Penal expresa que la seguridad alimentaria es una materia con especial control: "Hay que pensar que son productos destinados al consumo humano y tienen una regulación muy severa".
En este punto entra en escena el uso de una herramienta impulsada por Sanidad, que tiene transferida su vigilancia a las comunidades autónomas: el sistema de autocontrol. Se trata de un conjunto de procedimientos basados en los principios generales de la higiene alimentaria que los establecimientos deben diseñar, aplicar y mantener actualizados para garantizar la seguridad de sus productos.
"Los inspectores, que son unos funcionarios cualificados en seguridad alimentaria, solicitan, bien de manera anual o de forma aleatoria, la documentación del sistema de autocontrol a la empresa, que incluye elementos como los puntos críticos o si cumplen las temperaturas de cocción. Con toda la información, efectúan una visita y levantan un acta", destaca González Tirado. Este informe, continúa el subdirector de Lex Abogacía, tiene que ser ahora estudiado en detalle. "Si la Administración no ha controlado bien los pasos de la compañía y toda la documentación presentada, puede entrar en juego su responsabilidad", sostiene.
CONCURSO DE DELITOS
Cuestionado por las penas a las que se someterían los protagonistas del brote de listeriosis, Gabriel González Tirado anuncia que personas jurídicas, como es el caso de la empresa Magrudis, pueden enfrentarse a diversos escenarios como la intervención, suspensión, clausura y, en el punto más grave, la disolución de la compañía. "En el caso de las personas jurídicas, la pena de muerte sí existe en España", advierte.
"Aquí se han podido cometer diferentes delitos contra la salud pública, recogidos en los artículos 364 y 366 del Código Penal". Además, agrega el abogado, "en este caso se han derivado daños, de manera que aparece el concurso de delitos con hechos como las imprudencias, las muertes de afectados o los fallecimientos de fetos. Si se demuestra que todo esto ha ocurrido y se prueba que está relacionado con el brote, tendría penalidades mucho más graves".
PASOS A SEGUIR POR LOS DAMNIFICADOS
Respecto a las acciones que deben acometer los afectados por el brote, González Tirado insiste que los pacientes deben demostrar que, efectivamente, están afectados por listeriosis y que esta infección está relacionada con la cepa de la empresa. "Es una cuestión de prueba", dice.
"Lo que tienen que hacer las personas es demostrar que están afectadas a través de pruebas, como los informes de Urgencias o las facturas de haber comprado la carne mechada"
"La listeriosis tiene una sintomatología que puede ser bastante común, pero afecta sobre todo a las personas que son más débiles: ancianos, embarazadas o personas inmunodeprimidas. Por todo ello, lo que tienen que hacer las personas es demostrar que están afectadas a través de pruebas: informes de Urgencias, facturas de haber comprado la carne mechada o cualquier documento que pueda justificar que estén enfermeros por este brote", concluye.