La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha presentado este miércoles un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección VIII, de 11 de marzo de 2022 de la Audiencia Nacional.
En esta sentencia, que se dio a conocer en marzo, la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Avite ante la Audiencia Nacional en el que demandaban al Ministerio de Sanidad una compensación de 400 millones de euros por no cumplir las ayudas prometidas y aprobadas en la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta.
Avite cree que la sentencia de la Audiencia Nacional "es completamente contraria a derecho" y que esquiva el mandato que hacía recabar a Grünenthal la parte correspondiente de las ayudas
Ahora, la Asociación de Víctimas de la Talidomida presenta recurso ante el órgano jurisdiccional superior por entender que la sentencia “es completamente contraria a derecho”. Además, entienden que “avala el incumplimiento sin motivo del mandato legal del Gobierno” y que también “permite soslayar el mandato directo que establecía de recabar de Grünenthal la colaboración económica necesaria”.
Con respecto a la primera cuestión, desde Avite recuerdan que los PGE de 2018, y con la previa aprobación de un Real Decreto, “ordenaba que el Gobierno pagase ayudas a favor de los afectados por la talidomida en España”. Sin embargo, denuncian que “no ha hecho ni una cosa ni otra”. En su día, la Audiencia Nacional estimó que aunque la voluntad del legislador “fue la de que se procediera a la ejecución” de las ayudas, realmente no establecía una fecha para elaborar el RD.
Por otra parte, en relación a la petición a Grünenthal, la compañía farmacéutica alemana propietaria de la patente, las víctimas de la talidomida precisan que “el Gobierno no había hecho absolutamente nada” para reclamarles la parte adicional de las ayudas correspondiente. Sobre ello, la sentencia lo reconocía pero lo excusaba apuntando que el mandato de los PGE expresa “un mero deseo de llegar a un acuerdo con dicha empresa, siempre dependiendo de la voluntad de la misma”.
"SOLO UNA SENTENCIA JUDICIAL PUEDE IMPEDIR NUESTRA INDEFENSIÓN"
A través de un comunicado, Avite denuncia que “a día de hoy, ni siquiera es posible un cumplimiento tardío” de lo que establece la ley de PGE del 2018. A juicio de esta asociación, “está garantizado que siga la pasividad del Gobierno denunciada” debido a que los Presupuestos del año 2021 establecía la dotación de “solo 20 millones de euros para ayudas a los afectados de la talidomida”.
Aún así, esta asociación de víctimas reprocha que esta cantidad “no cubre ni la quinta parte de los recursos necesarios para el listado de afectados reconocidos por el propio Gobierno a través del ISCIII, y sin dotación presupuestaria previa no es posible aprobar el real decreto”.
Finalmente, lamentan que “si el Poder Legislativo ordena pagar al Poder Ejecutivo, y éste no lo hace, solo una sentencia del Poder Judicial que lo obligue, en ejercicio obligado de su función constitucional, puede impedir la más completa indefensión de los afectados por la talidomida en España”.