La Asociación de Víctimas de la TalidomidadeEspaña(Avite) ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional, en representación de sus socios afectados por la talidomida, el medicamento comercializado por la farmacéutica alemana Grünenthal que causó numerosas malformaciones hace varias décadas. En concreto, reclaman al Ministerio de Sanidad 400 millones de euros por haber incumplido varias normativas.
Desde este organismo detallan que la demanda se sustenta en olvidar lo estipulado en dos normas: primero, una Proposición no de Ley(PNL) de 26 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y posteriormente la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018,en su disposición adicional quincuagésima sexta.
Desde Avite critican que no se ha concluido el registro de afectados de la talidomida prometido ni se ha pagado ninguna de las ayudas contempladas en la ley
Ambas establecían la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España, prácticamente los únicos a nivel mundial que no han recibido compensación económica: “una con cargo a los presupuestos públicos, y otra con cargo a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad por la tragedia, según exige el texto de la ley”.
En este sentido, desde Avite denuncia que “a pesar de que la PNL establecía fecha límite para 2018, y de que han transcurrido más de dos años desde la aprobación de los PGE de 2018, el Gobierno ha incumplido de plano su obligación, y en concreto:
- No ha concluido el registro de los afectados de la talidomida en España conforme al protocolo que el propio Ministerio estableció al efecto hace ya tres años.
- No ha procedido al pago de ninguna de las ayudas contempladas en la ley a favor de los afectados.
- No consta que haya exigido a la farmacéutica propietaria de la patente -Grünenthal- la parte adicional que le corresponde pagar.”
CONFÍAN EN EL PODER JUDICIAL
Las víctimas de la talidomida en España reprochan al Estado español que “tiene el triste honor de ser el país que peor ha tratado a sus compatriotas víctimas: primero durante la dictadura franquista les negó la existencia desde 1950; luego permitió que la talidomida se siguiera dispensando a las embarazadas hasta 1985, según reconoce la LGPE 6/2018, siendo retirada en otros países cuando se supo de sus efectos en 1961; más tarde, ni los reconoció ni los indemnizó durante casi 70 años; y por si todo esto fuera poco, ahora ni siquiera les paga lo que obliga la ley”.
En el mismo sentido, desde Avite recuerdan que mientras, “la farmacéutica alemana Grünenthal, autora material de este desastre que ha causado miles de muertes, mutilaciones, y todo tipo de desgracias, sigue lucrándose en España con la venta de sus medicamentos, principalmente a la sanidad pública”.
Por todo ello, desde la Asociaicíon de Víctimas de la Talidomida en España confían en “que el poder judicial haga cumplir la ley al Gobierno”.